El gobierno y Diputados de todas las bancadas acordaron ayer que el primero emitirá la semana próxima un decreto de necesidad y urgencia, mediante el cual se establecerá el mecanismo para la «conciliación» en los casos de las ejecuciones extrabancarias, pero está lejos todavía el texto definitivo de ese decreto, que luego será ratificado por el Congreso: el radicalismo sostiene que la mediación debe ser en sede judicial y que debe suspenderse la ejecución mientras se lleva a cabo, en tanto que el gobierno pretende sólo una instancia administrativa y no obligatoria.
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Por eso es que los legisladores y ministros se volverán a reunir el próximo lunes en el Ministerio de Economía para delinear ese borrador que sirva de base para el decreto.
Las diferencias que se mantenían entre el proyecto del gobierno y las iniciativas del radicalismo se centraban en la obligatoriedad de la mediación y el ámbito donde deberá realizarse.
El problema para el gobierno, además, es que debe sostener su proyecto ya que en el convenio firmado por los gobernadores se estableció la necesidad de no prorrogar la suspensión de subastas y en su lugar impulsar la creación de instancia extrajudicial para mediar en esos conflictos. Por eso es que elaboraron un anteproyecto que crea una instancia administrativa no obligatoria en el ámbito de los ministerios de Trabajo y el de la Producción.
En esa variante, que la UCR considera insuficiente, se instruye un expediente que se remite al juez sin suspender el proceso ejecutorio. Luego, el juez lo valora al momento de dictar sentencia.
• Destino
Las críticas del radicalismo apuntaron a que el proyecto del gobierno esta destinado sólo a deudas originadas por afuera del sistema financiero y, en segundo lugar, a su poca operatividad: «Cuando los ministerios armen las unidades de mediación ya se van a haber hecho todos los remates», decía ayer Horacio Pernasetti. El radicalismo plantea en su lugar que la media-ción sea en sede judicial. Para eso enviaron al gobierno un anteproyecto que establece que en los procesos de ejecución a los que les hubiera correspondido suspensiones durante este año se da la posibilidad al deudor de pedir una audiencia de conciliación siempre que acreditara algunos requisitos, como vivienda única, por ejemplo, y recién allí se suspende la subasta.
La negociación pasó entonces por un sistema intermedio por el que la mediación deudoracreedor se realice en la Justicia, pero sin obligar al juez a suspender la ejecución sino dejándolo a su decisión, pero este punto sigue siendo rechazado por la oposición.
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