AFIP perdió juicio y pagará $ 1 millón

La AFIP deberá pagarle cerca de un millón de pesos al representante de modelos Ricardo Piñeiro, luego que éste le ganó un juicio al organismo recaudador que lo había multado en forma injustificada.

El fallo de la Justicia laboral, conocido ayer, confirmó que las modelos publicitarias no tienen relación de dependencia con sus representantes, quienes, por lo tanto, no deben afrontar los aportes previsionales, ya que éstos corresponden a la empresa que las contrata.

Así se desprende de un fallo de la Sala X, que benefició al empresario Piñeiro, a quien la AFIP deberá pagarle por los gastos que le ocasionó al multarlo injustificadamente. Esto es $ 438.069 a los abogados del empresario; $ 219.030 a los propios; y $ 93.872 al perito contador, lo que hace un total de 750.971 pesos. Pero, además, el fallo de primera instancia adicionó 25% a los montos que deben percibir las partes en concepto de « regulación de honorarios».

Los hechos juzgados ocurrieron en 2000, cuando la AFIP le impuso a Piñeiro una multa de $ 3.000.000 por no efectuar los aportes previsionales de las modelos Julieta Prandi y Pamela David, entre otras.

Ello obligó al apoderado de las profesionales a entablar una demanda en la que reclamó la ilegitimidad de la multa, ya que las modelos no tenían relación de dependencia con él, sino que la agencia sólo actuaba como intermediaria y, por ende, los aportes debían hacerlos quienes las contrataban.

• Multa

Así lo entendieron los camaristas Héctor Scotti y Gregorio Corach, quienes afirmaron, entre otros conceptos, que las modelos «no tienen vínculo de trabajo dependiente que torne procedente la exigencia de pago de la deuda previsional» que la AFIP pretendía, y por la cual multó a Piñeiro.

Los camaristas sostuvieron que no correspondía la pretensión del organismo de cobrarle al apoderado de las modelos la suma de $ 3.129.070,26 por esa supuesta evasión previsional, por lo que el organismo recaudador deberá hacerse cargo de los gastos que le ocasionó.

Ello obedece a que Piñeiro debió hacer un reclamo judicial que significó gastos de peritajes, honorarios de profesionales y costas del proceso.