Aguas: Fintech es uno de sus principales acreedores

José Luis Rodríguez Zapatero

Los fondos Fintech, del mexicano David Martínez; y Latin American Assets Management, que maneja el argentino Ignacio Rosner -ex «Clarín», Cammesa, Piedra del Aguila, etc.-, tienen a su favor un factor que podría resultar decisivo al momento de intentar quedarse con Aguas Argentinas: están entre los principales acreedores de la privatizada.

Como se recordará, Aguas tiene una deuda cercana a los u$s 650 millones con diferentes organismos internacionales como el BID, el Banco Europeo de Inversión (EIB) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), más bancos y fondos que fueron comprando parte de esa deuda a valores casi despreciables.

Es el caso de Fintech, que ya hizo lo propio en procesos de canje de deuda como los de la deuda soberana argentina, Telecom Argentina, Autopistas del Sol, Transener y CableVisión. En este último caso, además, se quedaron con 50% del capital de la prestadora del servicio de TV por cable, operación que se hizo con la mirada puesta en una posible futura venta al monopolio «Clarín», al que ya le vendieron 25% del capital de CableVisión. Por su parte, Rosner habría jugado un rol clave en la adjudicación de radio «Mitre» en tiempos de Raúl Alfonsín a favor de «Clarín».

Tal como se informó durante el fin de semana, ambos fondos le acercaron una propuesta a Aguas de Barcelona (AGBAR) para que siga como operador técnico de Aguas Argentinas luego de la retirada de la francesa Suez, que aún no decidió si simplemente se va de la Argentina y sigue adelante con un juicio ante el CIADI para cobrar unos u$s 1.600 millones o hace una retirada «prolija» y les vende a estos fondos.

• Accionista mayoritario

Hay dos hechos que deben ser considerados: Suez ya hizo el «write off» de su inversión en la Argentina (la considera totalmente perdida), y además no está prevista reunión alguna de accionistas o directores para considerar la propuesta acercada por Fintech-Latam Assets a su controlada AGBAR.

Por otra parte, debe considerarse que Aguas de Barcelona, aun con la voluntad política expresada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene a un accionista con la mayoría absoluta, el grupo Suez. Por consiguiente, es casi ilusorio pensar que los ejecutivos de AGBAR -designados en su mayoría por Suez- podrán decidir algo diferente de lo que se determine en la casa central en Francia.

Un hecho poco conocido de esta incipiente negociación es que Rosner inició el trámite de la oferta ante los principales ejecutivos de Suez en Buenos Aires. Fuentes cercanas a la prestadora del servicio de aguas admiten que «no fueron los primeros en acercarse, y quizá tampoco los últimos; desde que estamos negociando con el gobierno se presentaron varios otros grupos, más o menos serios, con propuestas para quedarse con Aguas. Pero la verdad es que mucha atención no se les prestó, justamente porque se estaba negociando con el gobierno».

Por esta razón, los ejecutivos de los dos fondos optaron por «la puerta de atrás»: hacerle saber de su oferta al ministro de Planificación, Julio De Vido, y concurrir a las oficinas de AGBAR. Después, el viaje de Néstor Kirchner y el propio De Vido a la cumbre iberoamericana de Salamanca, sumado al apoyo de Zapatero, propiciaron el anuncio de que existían conversaciones para comprar Aguas Argentinas, que por ahora no son más que expresiones de intención pero que cuentan con la obvia bendición del gobierno argentino.

La gran pregunta que nadie responde es cuánto vale Aguas. La empresa aún tiene 18 años de concesión, y en oportunidad de la privatización de su antecesora, Obras Sanitarias de la Nación (OSN), el consorcio conformado por la entonces Lyonnais des Aux y el grupo local de Santiago Soldati no pagó un peso. Derrotaron a la UTE que encabezaba Franco Macri por apenas un centavo.

Es que la concesión fue adjudicada a quien presentó la mejor oferta en función de una ecuación, en la que el elemento clave era quién se comprometía a la mayor rebaja tarifaria. Ese elemento se denominaba «Factor K», toda una ironía a la vista de lo que luego sucedería.

A los 18 años que quedan de concesión, hay que contraponerles las inversiones que deberían efectuarse y la deuda de u$s 650 millones; esto último no sería mayor problema, dado que -como se mencionó- Fintech compró buena parte de ésta a valores reducidos, con la obvia intención de hacer un buen negocio financiero.

S.D.