El allanamiento a oficinas del Gobierno porteño que ordenó la Justicia mostró ayer a un Jorge Telerman no sólo más alejado de Néstor Kirchner, sino decidido a denunciar que considera una «campaña sucia» esa acción que provocó cuatro heridos en despachos del Gobierno porteño. El candidato a reelegir apuntó directamente al Presidente y le reclamó que restablezca un clima de paz antes de las elecciones que el 3 de junio se disputarán en la Capital Federal. Además de esa súplica, sumó el reproche por el allanamiento a otros hechos, como el incendio en una villa de emergencia y el vandalismo en plazas, de los que ya acusó al kirchnerismo.
Jorge Telerman ayer convocó a una conferencia de prensa tras el allanamiento
a oficinas del Gobierno porteño, acto judicial que consideró vinculado a la
campaña electoral.
Jorge Telerman pidió ayer que Néstor Kirchner actúe para garantizar un «clima de convivencia política» en la campaña electoral porteña, al relacionar el allanamiento en oficinas del Gobierno de la Ciudad con una «campaña sucia».
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El jefe de Gobierno, además, colocó el hecho en el cual se investiga el pago de facturas por publicidad a una supuesta empresa fantasma en una lista en la que enumeró actos de vandalismo en una plaza, «hostigamiento» en la puerta de su casa por parte de manifestantes, el incendio ocurrido en una villa de emergencia y que «tapan adrede los sumideros» cuando llueve en la Capital.
Para Telerman, el allanamiento ordenado por el juez Luis Zelaya se enmarca en una embestida de campaña. «En estas situaciones no podemos negar la premeditación y el armado», dijo Telerman y atribuyó parte de los hechos a «grupos de baja inteligencia».
«¿Por qué en un lugar sacrosanto como el Congreso un alto funcionario hace una denuncia sin fundamento?», se preguntó el jefe porteño y «por qué logra en 24 horas un allanamiento», refirió a la denuncia de Alberto Fernández ante los diputados y a la del oficialista Miguel Bonasso en la Justicia.
El gobierno tildó de «patoteril» la actitud de los funcionarios que irrumpieron ayer por la mañana en el Palacio Municipal, mientras que Telerman aseguró que «intentan atacar la gobernabilidad y la acción de gobierno».
«Son expresiones de lo peor de la política», dijo el jefe porteño ayer por la tarde en una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la sede de la comuna, mientras que seguían en dependencias del área los funcionarios enviados por Zelaya en busca de documentación.
En la sala de actos del palacio de la calle Bolívar 1, se sentaron en primera fila el titular de Prensa y Comunicación, Oscar Feito (sus oficinas pesquisaba la Justicia en ese momento), y los ministros Juan Pablo Schiavi, Gabriela Cerruti, Sergio Beros, Diego Gorgal y el procurador Agustín Zbar.
Angustia
Telerman expresó que había escuchado «con angustia» al Presidente sobre la «invasión a su privacidad porque en su casa hay manifestaciones» y confió que «desde hace dos meses en la puerta de mi casa hostigan a mi familia y a mis hijos».
«Invoco a la máxima autoridad de la República para que el clima de la calle sea el que tiene que ser», sostuvo Telerman al finalizar su alocución, tras la cual no quiso responder preguntas, pero cedió para eso la palabra al procurador porteño Zbar.
El funcionario se manifestó con dureza hacia Zelaya, de quien dijo es un «juez investigado por el Consejo de la Magistraturacon graves denuncias» (ver nota aparte) y planteó que sorprendían las «casualidades y coincidencias». Dijo que «un diputado del oficialismo hace una denuncia y se presenta ante un juez manifiestamente incompetente por hechos que investiga otro juez». Explicó Zbar que durante el allanamiento se le habían dado al juez 20 juegos de fotocopias de expedientes, pero que ya se habían entregado en el juzgado de Javier López Biscayart, quien investigando el caso Skanska encontró las facturas de la firma Sol Group cursadas al Gobierno porteño. Zelaya investiga, en cambio, la denuncia de Bonasso sobre presuntos «retornos» obtenidos mediante la empresa fantasma.
Zbar sostuvo que la medida judicial de allanar las oficinas de Prensa y Difusión contó con un «inusitado despliegue de personal» y dijo que era «falso» que existieran facturas de Sol Group por más de $ 3 millones. «Apenas superan los $ 800 mil», dijo el funcionario.
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