Amenazan con amparos para frenar aumentos en las tarifas

Las audiencias públicas podrían resultar insuficientes para evitar recursos de amparo en la Justicia que frenen los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Ayer, a 48 horas de que el Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de audiencias, entidades de consumidores convocadas por la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, plantearon que rechazarán un ajuste de tarifas sin una renegociación integral de los contratos.

Hay además otros elementos que harían vulnerable el resultado de las audiencias públicas. Hasta ayer, los entes reguladores de cada servicio no habían recibido instrucciones para convocar al debate, y en esos organismos se cree que la convocatoria correrá por cuenta de la comisión renegociadora de los contratos, que preside Miguel Sanguineti. Sin embargo, esto no está previsto en el caso de los servicios que tiene marco regulatorio aprobado por ley (luz y gas).

•Afuera

Además de eso, todo indica que en el caso de electricidad y gas se tratarán en las audiencias los márgenes que perciben las empresas de transporte y distribución. De esta manera, se dejaría afuera el precio mayorista de la electricidad y el del gas en boca de pozo, que son valores que están desregulados, pero ahora entraron en la pesificación y en el virtual congelamiento al igual que los sectores regulados.

De este modo, o se unifican los temas en una única audiencia o se desdoblan en dos audiencias, pero hasta ayer nadie tenía respuesta para este interrogante.

El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo que «si quieren armar una parodia o una asamblea, nosotros no vamos a ir a las audiencias para legalizarlos». Según Mondino, para que la audiencia tenga validez, las empresas prestadoras tienen que presentar cuadros tarifarios, lo que en su opinión no hicieron, porque la comisión renegociadora no se los pidió.

El defensor añadió que además los entes reguladores tienen que analizar y dar una opinión sobre los cuadros tarifarios requeridos, «en base a la estructura de costos de las empresas», y finalmente tienen que estar presentes en la audiencia, los que van a tomar la decisión, para que en la resolución final se considere lo debatido.

En opinión de Mondino «estos requisitos no parecen que se están cumpliendo», y «si esto sigue así les vamos a impugnar la audiencia o los decretos».

Dijo que el gobierno no reconoce la crisis que se desató cuando se rompieron los contratos y se pesificó, y que luego de ocho meses «sigue sin tener los elementos de análisis suficientes». Agregó que «hace falta recomponer la ecuación económica de las empresas de modo que afecte lo menos posible a los usuarios, por lo que en cada servicio nosotros vamos a pedir que el Estado tiene que aportar la neutralidad impositiva, es decir que los impuestos no pueden acompañar a las subas, y se tienen que mantener iguales que al 31 de diciembre pasado».

Por su parte, Ariel Caplan, representante de los usuarios en la comisión renegociadora de los contratos, dijo ayer que «la discusión de un porcentual de tarifas es una trampa, para correr el eje de la discusión». Añadió que se trata de «una trampa en la que los usuarios no vamos a caer y vamos a luchar si es necesario judicialmente para renegociar integralmente los contratos».

En su opinión, «el gobierno pretende someternos a discutir cuál es el porcentual de aumento, cuando en realidad debiéramos discutir qué contratos pueden seguir y cuáles debieran revocarse por incumplimientos».

La desprolijidad en la convocatoria a las audiencias públicas es un tema que también preocupa en las empresas privatizadas, y acentúa el escepticismo sobre un posible aumento de tarifas.»Ya no sabemos si el gobierno hace las cosas mal porque no sabe o porque realmente no quiere que haya ninguna suba», dijeron en una privatizada.

La falta de decisión del gobierno en el tema alcanza a todos los aspectos. Desde hace más de dos semanas, circula un proyecto de decreto por el cual las empresas que tienen contratos directos con las productoras de gas para comprarles este producto, quedan exceptuadas de la pesificación fijada por la Ley de Emergencia Pública.

•Opción

La norma involucra a empresas que exportan más de 40% de su facturación bruta y consumen más de 3 millones de metros cúbicos de gas por año. El decreto sólo facilitaría que las petroleras renegocien con los grandes consumidores (una lista que no superaría la docena de empresas) un nuevo valor para los contratos.

Si las empresas no aceptan, pueden optar por comprar el gas a las distribuidoras, en cuyo caso no entrarían dentro de los alcances del decreto, y pasarían a pagar las tarifas que en su momento autorice el Enargas. Sin embargo, este proyecto de decreto se trabó en algún área del gobierno y por ahora no se firmaría.