La sanción del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras será el principal tema a tratar en la sesión del próximo miércoles en Diputados.
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El bloque peronista le había prometido esa ley esta semana a Roberto Lavagna, sobre todo cuando el ministro pidió con urgencia que le habilitaran la nueva caja que esa norma abre para el Tesoro: la posibilidad de duplicar los adelantos del Banco Central para destinar al pago de deuda.
El ministro quiere estrenarla ya mismo, es decir, para cancelar el vencimiento de setiembre con el FMI, que en total suma u$s 2.900 millones, aunque el monto a abonar rondaría los u$s 900 millones y el resto puede postergarse. Pero, a pesar de la promesa al ministro, los diputados no votaron la iniciativa la noche del miércoles.
Pero queda otro problema por resolver. Cuando el Senado ya había votado el proyecto, desde el Banco Central alertaron que la redacción sancionada no coincidía con el acuerdo que habían cerrado Alfonso Prat-Gay y Lavagna sobre las facultades de la autoridad monetaria en los procesos de reestructuración de bancos que necesariamente se deberán dar en el futuro.
•Desesperación
La reforma a la Carta Orgánica del BCRA modifica criterios de valuación de activos de las entidades y facultades del Central, pero de la redacción final desapareció un inciso clave para el manejo de entidades en crisis.
Prat-Gay se comunicó entonces con el Senado para consultar dónde había estado el problema. Una breve investigación permitió determinar que ese inciso había desaparecido en el viaje del borrador del proyecto entre el Central y Economía. Es decir, nunca había llegado al Congreso.
•Acuerdo
Para no alentar más conflictos y no trabar la sanción de la ley, ya que modificarla en Diputados significaría una vuelta en revisión al Senado, se acordó la sanción de una ley paralela que corrija el «olvido» que cometió el equipo económico al redactar el borrador final que llegó al Congreso.
Finalmente el miércoles los diputados sancionarán el proyecto que contiene:
• Una modificación a los criterios de valuación de activos y pasivos excluidos en los procesos de reestructuración de bancos.
• Crea una protección legal atenuada para las decisiones tomadas por directivos del BCRA -sólo podrán declararse nulas mediante intervención judicial y cuando se compruebe arbitrariedad manifiesta-.
• Y, por último, eleva los adelantos del BCRA al Tesoro para cancelar vencimientos con organismos. Se establece que el Central podrá otorgar adelantos por un equivalente a 10% de los ingresos del Estado y que serán destinados exclusivamente a la cancelación de deuda con organismos internacionales de crédito. Y a esto se sumarán adelantos al Tesoro por 12% extra, pero calculados sobre el total de la base monetaria y que el Ministerio de Economía podrá destinar a gasto público, lo que representa unos $ 4.800 millones. Todos estos fondos deben reintegrarse en un plazo de 12 meses.
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