Pero, según indicaron en medios oficiales, el Ente Regulador Eléctrico (ENRE) pondrá la fecha de vigencia que probablemente sea el 1 de este mes. De todas formas, el dinero que las empresas no recaudaron entre el 1 de junio y la efectiva fecha de puesta en marcha, quedaría como una acreencia a favor de las transportistas que se consideraría en el momento de la revisión tarifaria integral. Lo mismo ocurrió a mediados de año con el acuerdo de Edelap, el único que hasta ahora se está aplicando.
La firma y publicación de los decretos luego de haber pasado por el Parlamento en agosto pasado buscaría aventar cualquier sospecha de que la salida de Lavagna pondrá un nuevo freno a la regularización de la situación de las privatizadas.
Los decretos tienen cierta debilidad legal porque los acuerdos no fueron tratados por la Cámara de Diputados, pero quedaron virtualmente aprobados al trascurrir más de 60 días de su ingreso en la sede legislativa, tal como lo indica la ley que prórroga la Ley de Emergencia Pública.
Probablemente para prevenir alguna recusación en la Justicia, en los considerandos se recuerda que el acuerdo con Distrocuyo obtuvo dictamen favorable de la mayoría de los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento, y que fue aprobado por el Senado el 10 de agosto, aunque el trámite en Diputados no llegó a definir posición.
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