Argentina: gobierno suma a nómina 16 mil contratados

Comienza mal hoy el Consejo del Salario en el que participan empresarios, gremios y gobierno. La CGT exhibe varias divisiones internas, y no está aclarada la presencia de sus representantes. Pero lo más preocupante pasa por la presión de los gremios estatales. El gobierno, para no convalidar una nueva suba de salarios, les ofrecerá a los sindicalistas, como compensación, sumar a la planta permanente a la mayor parte de las 15.800 personas que figuran como contratadaspor el Estado. En lo inmediato, esta decisión no representaría un alza sustancial del gasto, pero sí provocará que estos trabajadores tengan una estabilidad que hará imposible cualquier ajuste futuro. Coincide esta intención del gobierno con una situación aún muy complicada del trabajo en la Argentina. Cada vez se crean menos empleos en el sector privado y con salarios más bajos. La economía está creciendo a menor ritmo. Paradójicamente, este poco serio Consejo del Salario,que hoy por la tarde se reunirá por primeravez, tiene además la intención de subir el salario mínimo vital y móvil a $ 400. Olvidan que los nuevos puestos que se están creando -mayormente en negro-se hacen con un sueldo promedio cercano a los $ 350. El nuevo salario mínimo sería, así, "máximo". Todo forma parte del eterno error de querer corregir las deficiencias de la economía con una medida populista y dirigista postergando las reformas de fondo necesarias.

El gobierno ya sabe que desde el mes próximo deberá sentarse con los sindicatos de los empleados públicos para negociar los salarios de las más de 280.000 personas que trabajan en la administración pública nacional; luego de que acepte las «paritarias». Sin embargo, el Poder Ejecutivo ya coordinó con los ministerios de Trabajo y de Economía no incrementar los salarios públicos, por lo menos de manera nominal; para no dejar un precedente negativo con los gobernadores. A cambio, se ofrecerá negociar la situación legal de los aproximadamente 15.800 empleados que están hoy contratados y trabajando para el Estado nacional.

Si bien para el fisco esta política no tendría consecuencias importantes (eventualmente, el incremento en las cargas sociales no superaría los 30 millones de pesos anuales como máximo), los efectos serían indirectamente igual de impactantes: el personal contratado pasaría a militar de manera efectiva, con lo cual tendría una estabilidad legal que encarecería cualquier tipo de ajuste futuro.

• Retribución

Además, y como retribución simbólica al apoyo político que los sindicatos puedan darle al gobierno, los gremios tendrán un porcentaje extra de ingresos si estos empleados pasan a la planta permanente, ya que los aportes sindicales y a obras sociales serán obligatorios y llegarán a 600.000 pesos anuales.

La estrategia oficial para negociar con los sindicatos que representan a los estatales, cuando se abran las paritarias, será la siguiente.

• El gobierno aceptará en los próximos días ser uno de los sectores que dentro del Consejo del Salario admita reabrir las paritarias salariales. Esto haría que el Ministerio de Trabajo (como órgano oficial de discusiones gremiales) y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que milita en la CTA de Víctor De Gennaro; y Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), de la CGT, discutan los salarios por lo menos dos meses (entre setiembre y octubre). Esto implica, además, que cualquier decisión comenzará a aplicarse recién en noviembre o diciembre. Para alargar las discusiones, las negociaciones serían individuales por escalafón y no de manera general.

• Para enfrentar la presión que esto generaría, está en estudio, pero dentro del Ministerio de Trabajo, la diferencia del promedio de ingresos de los salarios de los empleados públicos y privados. Aunque no está cerrado el informe, se habla que en el primer caso los pagos superan el promedio de 1.000 pesos mensuales, mientras que en el sector privado se ubican en alrededor de 600 pesos; en ambos casos, tomados en blanco.

• La explicación para no aumentar los pagos mensuales es que este incremento gen eraría presiones en masa en las provincias, donde los salarios serían menores a los nacionales, y cualquier incremento en las retribuciones públicas provocaría una crisis política interna.

• Como algo siempre hay que ofrecer para negociar, Economía planteará la posibilidad de establecer un cronograma para que ingresen dentro de la planta permanente todos o parte de los 15.800 empleados que trabajan con contratos temporales y que representan 6,5% del total de los trabajadores públicos. Se comenzaría por los empleados de nivel técnico, pero bajo un listado que se elaboraría con los sindicatos.

• Además se mejorará la posibilidad de ascender dentro de los escalafones del sector público, lo que obviamente y de manera indirecta representaría en el mediano y largo plazo un incremento salarial.