Nueva York (Reuters, EFE) --Tres miembros de la familia fundadora de la operadora estadounidense de cable Adelphia Communications Corp. fueron arrestados ayer bajo acusaciones de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de haber «saqueado» la empresa y haberla utilizado como una «alcancía personal». En tanto, otros dos ex ejecutivos de la empresa también fueron arrestados, acusados de cargos federales de fraude.
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Las acusaciones que involucran a los ex ejecutivos de Adelphia son la más reciente ola de malas noticias que afecta a una empresa otrora favorita del mercado, luego de las revelaciones sobre compañías como Enron, Tyco International, WorldCom Group, y Global Crossing Ltd.
La demanda, que fue leída en la Corte federal de Manhattan, acusa al ex presidente ejecutivo de la empresa John Rigas y a su familia de «utilizar la empresa como alcancía personal de la familia Rigas a expensas de los inversores públicos y los acreedores». «El esquema descrito en la demanda es uno de los fraudes más grandes y atroces que se hayan cometido contra inversores y acreedores», dijo el fiscal federal de Manhattan James Comey, quien agregó que la investigación continúa.
Rigas, de 77 años, y sus hijos -el ex presidente financiero, Timothy, de 46, y el ex vicepresidente ejecutivo de operaciones, Michael, de 48- fueron arrestados y deberán comparecer ante la Corte federal de Manhattan.
El gobierno afirma que los ex ejecutivos utilizaron en forma incorrecta fondos de la empresa para todo tipo de transacciones, desde préstamos personales hasta la construcción de un campo de golf por valor de 13 millones de dólares en una propiedad de Rigas padre y el transporte de ida y vuelta de los miembros de la familia de un safari por Africa.
Otros dos ex ejecutivos -James Brown, el ex vicepresidente de finanzas, de 40 años, y Michael Mulcahey, el ex director de reporte interno de funciones de tesorería, de 45 años-fueron arrestados en Pennsylvania y deberán presentarse ante la Corte de ese estado.
La demanda afirma que los acusados conspiraron para cometer fraude bancario, con títulos de valores y transferencias de dinero. Los ejecutivos renunciaron a sus cargos en la empresa, que se acogió a la protección en contra de sus acreedores bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. el mes pasado, después de la divulgación de préstamos por 2.300 millones de dólares a la familia Rigas no incluidos en los estados financieros de la empresa y que estaban garantizados por la compañía.
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