La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron ayer al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, su inclusión en la negociación colectiva. Dicha propuesta será elevada al jefe de Gabinete,Alberto Fernández, que ayer precisamente no participó del encuentro con los dirigentes de ATE en la sede de la cartera laboral.
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Cabe señalar que la negociación colectiva en el sector público la lleva a cabo la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). De modo que Tomada será intermediario entre ATE y Fernández de frente a la paritaria estatal. Con relación al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil de 280 a 350 pesos que rige a partir del 1 de enero pasado, del encuentro de ayer se confirmó que también incluye a los empleados estatales, de forma tal que quedan equiparados con los del sector privado. Porque el aumento del salario mínimo incluye a todas las categorías.
En realidad, dentro del gobierno se analizaba la posibilidad de que desde el sector público comenzara algún tipo de presentaciones legales contra el Estado, por considerar que el hecho de no incrementar también el salario mínimo para estos trabajadores implicaría un acto de discriminación y de desigualdad ante la ley.
Según fuentes oficiales, este incremento no representaría un aumento significativo en el gasto público, ya que los cálculos del gobierno son que la gran mayoría de los trabajadores públicos ya está por encima de esa cifra. Se menciona igualmente que algunos sectores, como los docentes y médicos, pueden llegar a tener salarios menores en alguna circunstancia.
Ayer, el secretario de ATE, Pablo Micelli, declaró que «todos los trabajadores del Estado percibirán el aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero». El sindicalista explicó que la decisión «tomada por el gobierno nacional-» se basa en la aplicación «de las normasconstitucionales que dicen que tiene que haber un salario mínimo, vital y móvil igual que para los estatales y los privados», con lo cual «de esta manera, todos los empleados estatales tienen un básico de 350 pesos».
En los últimos meses, el gobierno se negó a conceder un reajuste salarial para los estatales por temor a perder el control sobre el déficit fiscal, equilibrado tras la devaluación del peso. En tanto, el gobierno firmó tres decretos que obligan a las empresas privadas a pagar un plus salarial, que ya suma 250 pesos, e intenta compensar la reducción salarial provocada por la caída del poder adquisitivo del peso. Ayer no hubo ningún tipo de avances en este capítulo, sobre el que el gobierno no está dispuesto a alterar las pautas ya fijadas dentro del presupuesto nacional y que hablan del mantenimiento del nivel general de remuneraciones del sector público en los mismos niveles que 2003.
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