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Así consta en el decreto 1172, pubicado hoy en el Boletín Oficial, según el cual las tres entidades -abandonadas a su suerte por su ex controlador francés Credite Agricole y puestas luego bajo la órbita del Banco Nación- "no se rigen por la ley que establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional".
De esta forma, se destraba la venta de las entidades, frenadas debido a un conflicto entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Banco Central (BCRA), ya que el primero de los organismos quería que su venta se hiciera como si fuera una privatización, visto que los tres bancos están bajo la órbita del BNA.
En tanto, el Central consideraba que el estado de las entidades bajo la órbita del Estado era de tipo "temporal" y que en realidad las entidades, por tratarse de privados asistidos por el Estado, deberían regirse por la ley de sociedades anónimas.
A raíz de ello, el Ejecutivo resolvió además que las entidades queden "excluidos de la aplicación de las disposiciones de la ley 24.156".
El decreto señaló que el Banco Nación deberá "acordar con la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría de gestión de la actuación de las entidades".
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