Bonistas argentinos calificaron de inaceptable la quita de 75%

La principal agrupación de bonistas locales consideró «inaceptable» la quita de 75 por ciento que propuso el gobierno argentino para la reestructuración de la deuda y reclama el mismo tratamiento que el dispensado a los ahorristas bancarios. A través de una carta que le enviaron ayer al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, La Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD) describió como «estremecedor» que el propio Estado sea quien «despoje de su patrimonio» a los inversores locales.

Gerardo Tarchinale, abogado y uno de los principales representantes de ADAPD, explicó que una alternativa que aceptarían los tenedores de bonos en la Argentina es «recibir un BODEN 2013, tal como se ofreció a los ahorristas bancarios que quisieron recuperar los dólares originalmente depositados». En la misiva dirigida al Presidente, con copia para el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se señala que «a los ahorristas en títulos públicos se los debe tratar, cuanto menos, en forma semejante a los ahorristas que hicieron sus depósitos en los bancos».

Justamente, una posibilidad que estarían en condiciones de aceptar los tenedores de bonos locales es que el gobierno les entregue BODEN 2013 a cambio de los títulos que entraron en default. Se trata de un bono que no entrará en la renegociación de la deuda, como ocurre con todos los títulos emitidos a partir de enero de 2002. Al tratarse de un bono de mediano plazo, emitidos a tasa internacional (LIBOR) y sin quita de capital está dentro de las características generales de lo pretendido por inversores.

Asimismo se opusieron a un alargamiento de hasta 42 años para recuperar sus fondos y también a una reducción de intereses que «supera más de tres veces lo que es considerado confiscatorio».

Más puntualmente, el quinto punto de la carta enviada a Kirchner asegura que la fecha de vencimiento de los nuevos títulos que se emitirán «no supere en cinco años la fecha de vencimiento del bono original».

• Compromiso

Otro pedido que corrió por cuenta de la agrupación, es que el gobierno se comprometa a aumentar el superávit fiscal de 3 por ciento del PBI comprometido, ya que de esta forma habría más recursos para pagarle a los acreedores. «Esto podría conseguirse con una reforma del Estado que asigne de manera eficiente los recursos», aseguró.

Según la presentación oficial que se efectuó en Dubai y que se reconfirmó la semana en los encuentros con grupos consultivos, los tenedores de bonos argentinos conservan un 38% de los u$s 106.000 millones de la deuda a reestructurar. Sin embargo, también se aclaró que los tenedores argentinos tendrían en su poder más de 50 por ciento de los bonos en default, ya que muchos de estos títulos fueron adquiridos en el extranjero. El cálculo incluye a unos 500.000 inversores y a las AFJP, los principales inversores institucionales en títulos argentinos.

«Si nuestra situación continuara sin ser atendida ni escuchada por los funcionarios, aseguramos un cerrado y contundente rechazo en todo el país a la confiscatoria oferta», señala el párrafo final de la carta de ADAPD, que agrupa a unos 7.000 bonistas locales. También se asegura que los damnificados por la cesación de pagos tienen perfiles de lo más diverso: profesionales, empleados, empresarios y también «gran cantidad de jubilados y desempleados».

Hasta el momento, la agrupación de deudores inició 74 causas ante el juzgado del juez neoyorquino Thomas Griesa por el default argentino. Además, existen muchas causas iniciadas en juzgados locales, que ya recibieron fallos en primera instancia (y algunos ya cuentan con sentencias firmes) contra la pesificación unilateral dispuesta en los bonos y el default del gobierno.

Aunque hasta ahora no hubo reuniones formales con los acreedores locales, la semana que viene el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, la semana que viene se produciría el primer encuentro, que en principio podría confirmarse para el 12 de agosto próximo.