El Comité Global de bonistas, que incluye a miles de acreedores alrededor del mundo, incluyendo a argentinos, insistió ayer que el gobierno de Néstor Kirchner tiene capacidad para mejorar la oferta de reestructuración de la deuda. «La Argentina podría utilizar parte de las reservas que ganó en los últimos dos años para conseguirlo», aseguró la institución.
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Según los acreedores del exterior, la Argentina podría disponer de u$s 5.000 millones, con lo cual las reservas bajarían de u$s 18.000 a u$s 13.000 millones para cumplir con el pago de la deuda.
Mediante un extenso trabajo que se distribuyó ayer a través de su página de Internet, el Global Committee of Argentine Bondholder (GCAB) expuso las conclusiones de la gira efectuada por Estados Unidos, Europa y Japón para presentar una propuesta alternativa que mejora sustancialmente la iniciativa del gobierno.
Según las estimaciones de los bonistas, las claves de la mejora de la propuesta pasarían por los siguientes puntos: • El país puede obtener entre 2005 y 2030 un superávit de 3,3% del PBI contra 2,6% ofrecido en el marco de la reestructuración.
• Actualmente, la Argentina ya tiene un superávit de 4% y otros países incluso han superado este nivel.
• Las evidencias demuestran que no existe una contradicción entre este nivel de ahorro fiscal y un aumento del crecimiento y beneficios para la sociedad.
Entre otras cuestiones, el trabajo se queja de la quita nominal de 63% que está proponiendo la Argentina cuando otras experiencias internacionales resultaron menos traumáticas: Rusia pidió en 2000 una disminución de 38% de valor nominal y Perú, 45%.
• Representatividad
El GCAB está presidido de manera conjunta por Hans Humes y Nicola Stock, y representa a acreedores que tienen un monto total de u$s 37.000 millones en títulos en default. «La propuesta unilateral de la Argentina está deprimiendo los valores de la deuda y, por lo tanto, los actuales títulos en default no sirven como referencia para determinar cuál debería ser el precio de los nuevos bonos», explica.
Critica, además, la falta de información distribuida por el gobierno en la oferta que se presentó.
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