El gobierno le pedirá hoy a la Asociación Bancaria que suspenda el paro anunciado para mañana, a cambio de asumir el Ministerio de Trabajo las negociaciones para evitar despidos en al menos cinco entidades financieras. El reclamo lo hará hoy el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al titular del sindicato, Juan José Zanola; a nombre de Cristina de Kirchner. La idea es evitar a toda costa, que haya 48 horas sin bancos cuando la mayoría de los empleados en relación de dependencia y los jubilados tienen que cobrar sus haberes.
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Según la información que maneja el Ministerio, en al menos cinco bancos (tres de capitales extranjeros y dos nacionales) se estarían aplicando planes de suspensión de personal y de retiros voluntarios de empleados; con lo que se le daría, al menos en este caso, la razón a la Asociación. En estos cinco casos, la promesa de Tomada a Zanola es que se aplicarían los Programas de Prevención de Crisis (PPC), con lo cual los despidos se suspenderían al menos por 6 meses hasta hacer una evaluación de los efectos concretos de la crisis financiera en el mercado bancario local. Según la suposición oficial, los propios directores de las entidades buscarían ampararse en el PPC, ya que (al menos en los casos de los bancos de capital extranjero), estarían cumpliendo órdenes de las casas matrices que les ordenan reducir entre 5 y 15% las dotaciones en todas las subsidiarias. Sería el mismo esquema de General Motors, donde la aplicación del PPC obligó a dejar de lado los despidos de unos 500 empleados bajo una orden llegada de Detroit.
A cambio de la promesa de aplicar este programa para evitar las suspensiones, Trabajo podría exigirle al gremio de Zanola al menos postergar el resto de los reclamos, especialmente el pago de $ 1.000 para diciembre, en compensación del alza de la inflación en 2008. Para el gobierno, reconocer este pedido y avalar el pago, implicaría un doble riesgo. Por un lado sería contradictorio con la aplicación del PPC en los bancos, ya que si éstos están en crisis y con despidos suspendidos, no se podría avalar el pago de un premio extra de $ 1.000 dada la gravedad teórica de la situación. Pero además, la autorización para este pago con el aval de Trabajo, le abriría la puerta al resto de los gremios que vienen reclamando lo mismo. En esta línea se inscriben la UOCRA de Gerardo Martínez, SMATA de Jorge Rodríguez y, obviamente, los camioneros de Hugo Moyano, entre otros. El peor escenario es que también sean los empleados públicos los que podrían sumarse al pedido del premio de los $ 1.000 (o $ 500 según el programa original) para fin de año, lo que implicaría una bomba de tiempo para las complicadas cuentas fiscales de fin de año.
Esto no quiere decir que no se esté pensando en algún tipo de pago extra para diciembre, pero éste será estudiado recién a fines de noviembre y dependiendo de la evolución de la crisis financiera.
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