Buscan alternativas para pagar ahorros con terrenos

Economía

En Economía están estudiando al menos dos alternativas para poner en marcha la intención anunciada por Eduardo Duhalde de respaldar los depósitos en el «corralito» con bienes del Estado. Una tomaría la forma de un fideicomiso a través del cual se garantizarían bonos a emitir por el Estado con esas propiedades.

La otra es englobar esos inmuebles a vender en una especie de fondo común, el resultado de cuya venta se distribuiría en forma a determinar entre los ahorristas.

De todos modos, el valor de los bienes disponibles estaría todavía bastante lejos de cubrir los depósitos alcanzados por el «corralito», cuyo monto ronda los $ 37.000 millones: según el último dato disponible a diciembre de 2000 (dos años antes de la devaluación del peso y el fin de la convertibilidad) la estimación de la Secretaría de Hacienda indicaba que -dentro de un total de «bienes de uso» del Estado, que suman más de $ 14.000 millones- todos los terrenos, tierras, edificios y construcciones públicas valían $ 6.875 millones (por entonces igual a dólares). Cuál es el precio de mercado hoy de esos bienes es un misterio que alguien deberá develar.

Además, muchos de esos bienes
no podrán ser vendidos aunque se desee hacerlo, sencillamente porque el Estado no tiene escrituras en regla, se trata de donaciones con un fin único (como la Quinta de Olivos, de la familia Villate, que debería volver a los descendientes de los dueños originales en caso de darle otro destino) o su dominio es compartido con provincias o municipios.

Pero a pesar de las dificultades formales que presenta, se trata de una iniciativa que debería ser tomada en serio: el Estado tiene centenares de terrenos improductivos e inmuebles en su poder, y en manos privadas podrían convertirse no sólo en un valor transable sino en una fuente de reactivación.

En este rubro podrían incluirse
sedes bancarias hoy en manos del Banco Central luego de la disolución de las entidades que las poseían, o centros hoteleros como el de Embalse Río Tercero. En cambio, el complejo de Chapadmalal no podría ser vendido por cuestiones legales.

• Etapa preliminar

Cabe recordar que a mediados del año pasado el ex ministro Domingo Cavallo ya había propuesto algo parecido: echar mano a la denominada «ley Avellaneda» para securitizar la deuda pública con bienes del Estado (y también con la recaudación impositiva), proyecto que no cobró vuelo.

Pero todo se encuentra aún en una etapa muy preliminar según admiten fuentes de la cartera económica, y los detalles del mecanismo se irán definiendo sobre la marcha.

Sin embargo, el Presidente volvió a insistir en que
los ahorristas recibirán bienes públicos a cambio de sus depósitos que ya no serán canjeados por bonos, al haberse abandonado (tal como adelantara este diario en su edición digital) el plan que preveía esa metodología. Desde ya, el método enunciado por Duhalde es a todas luces impracticable: ¿qué depositante aceptará quedarse con 100 metros cuadrados en las inmediaciones de una estación ferroviaria, o un par de hectáreas en algún campo de la Secretaría de Agricultura?

• Corporación

En sentido inverso, de conformarse una empresa o corporación inmobiliaria para desarrollar -por dar un ejemplo- los terrenos aledaños a la estación Retiro, los ahorristas podrían cobrar en acciones o cuotas parte de esa empresa que con el tiempo podrían convertir en efectivo.

«Lo que podrían vender es la Lotería Nacional, que tiene un valor superior a los $ 1.000 millones. Los terrenos, es más difícil»
, arriesgó el economista Orlando Ferreres, que en su momento -al ocupar la función pública- intentó que el Estado se desprendiera de bienes improductivos.

Los planes, además, chocarían con el estado actual del mercado inmobiliario, poco menos que destruido ante la falta de compradores y financiación (tanto para la construcción como para la adquisición de bienes).

Duhalde también admitió ayer desconocer el alcance y el valor del listado de bienes de que dispondría el Estado para hacer frente a depósitos por más de
$ 37.000 millones. Dijo que al regreso de su visita a España e Italia, que emprenderá el miércoles, va a tener «un cuadro detallado» de los bienes que el Estado mantiene disponibles, entre los que destacó «terrenos ferroviarios que han quedado y son de muchísimo valor. Estamos trabajando sobre esta idea porque el Estado tiene una cantidad de bienes ociosos, que en definitiva terminan ocupados por la gente, y en una situación como ésta sería una posibilidad de que los bonos tengan un mayor valor».

Desde ya, de esta hipotética venta quedarán excluidos bienes que destina el Estado para cumplir su función (Casa de Gobierno, ministerios, el Congreso Nacional, comisarías, hospitales) y otros que utiliza la población (parques).

La joya de esta devaluada corona siguen siendo los terrenos fiscales del área
Retiro. Allí, sucesivas administraciones planificaron hacer el mayor desarrollo urbano de la historia, que incluía el corrimiento de las estaciones ferroviarias, la construcción de hoteles y edificios de departamentos y la creación de áreas verdes.

Sin embargo, la inacción de los funcionarios del gobierno de
Fernando de la Rúa -primero en su condición de intendente porteño, luego al frente del Ejecutivo- echaron a pique lo que podría haber sido un formidable motor para la reactivación de la economía.

• Zonificación

Pero el poder de veto del gobierno porteño es más temible aún: desde los tiempos en que la Ciudad estaba gobernada por Carlos Grosso se determinó que toda obra (aún las que se hagan en terrenos nacionales) debe contar con la zonificación de la Legislatura (antes Concejo Deliberante). Así, con el simple expediente de negarle a un proyecto la zonificación pedida u otorgarle una distinta, el valor del terreno puede caer en picada. La administración De la Rúa/Ibarra hizo casi un culto de esta política, por lo que importantes proyectos (Retiro, entre ellos), nunca pudieron iniciarse.

Consultados por este diario varios desarrolladores inmobiliarios, todos coincidieron en que
«lo único que tiene valor es Retiro, hasta donde sabemos. El resto, sobre todo en las provincias, hoy no resulta demasiado atractivo porque no hay posibilidades ni de pensar en desarrollar torres de departamentos, centros comerciales, hoteles, etc.».

Incluso Retiro -por lejos la mejor ubicación disponible en todo el territorio argentino- tendría no pocas dificultades para encontrar interesados: además del peligro de que la Legislatura niegue la zonificación necesaria para un emprendimiento de tales dimensiones,
la presencia de la Villa 31 desalienta. Sobre todo porque el intendente Aníbal Ibarra ha declamado en más de una oportunidad su intención de otorgar escrituras a quienes vienen usufructuando esos terrenos desde hace largo tiempo.

El Estado no sólo posee tierras alrededor de las estaciones de tren; uno de los principales terratenientes del país es el
Ejército Argentino, y se sabe que han existido numerosos intentos de vender -por ejemplo- Campo de Mayo. Sin embargo, una ley vigente obliga a devolverle al Ejército el producido de la venta de cualquier bien que le pertenezca, por lo que esos inmuebles no entrarían (aún cuando se los vendiere) en el esquema de solución del «corralito».

• Inventario


Para tener una idea -al menos preliminar- del stock de tierras de que dispone el Estado en condiciones de ser vendidas, desde el gobierno convocaron ayer a la Casa Rosada a Eduardo Barone, titular del ONABE (Organo Nacional de Administración de Bienes del Estado), ente que administra básicamente los terrenos que quedaron en poder de la Nación luego de las privatizaciones ferroviarias.

Curiosamente, el ONABE fue una de las últimas creaciones de
Chacho Alvarez como vicepresidente: un decreto firmado por él dio nacimiento a este organismo en el que se fusionaron el Enabief (residual de Ferrocarriles del Estado) y la Administración de Inmuebles Fiscales. Al frente hubo varios funcionarios, hasta que Jorge Remes Lenicov nombró al mencionado Barone.

Dejá tu comentario