El gobierno insiste en volver una y otra vez sobre sus pasos en el polémico tema de las retenciones a la exportación de hidrocarburos. Ahora, lo que parece más posible es que a partir del próximo 1 de marzo se aplique la retención de 20% a la venta externa de crudo y de 5% a los combustibles líquidos, tal como fue establecido por decreto hace diez días, pero con una variante clave: se pedirá el dinero por adelantado y se fijará un escalonamiento hacia abajo del impuesto por períodos de 120 días, durante los cinco años en que deben aplicarse según la ley.
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Tal como estaba planteado en enero, el gobierno necesita los fondos en forma inmediata, y no puede esperar a que las retenciones se liquiden mensualmente al ritmo de la exportación. En forma reservada, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el secretario de Energía, Alieto Guadagni, estarían negociando con las principales exportadoras -Repsol-YPF, Pérez Companc, Pan American Energy y Chevron- mantener las retenciones, lo que no dejaría públicamente al gobierno dando marcha atrás, pero por otro decreto, se establecerían alícuotas gradualmente menores a medida que pasa el tiempo, y se les pediría a las petroleras que anticipen a valor presente el dinero correspondiente.
El anticipo de las retenciones por un monto de 1.300 millones de dólares fue un proyecto que propiciaron las petroleras en enero, cuando Capitanich les planteó la urgencia financiera del gobierno. Luego el proyecto se consideró «ventajoso» para las empresas, y éstas contraofertaron el impuesto en boca de pozo con una tasa de 8% para un precio internacional del crudo de u$s 20 por barril.
El adelanto de las retenciones, unido a su reducción gradual, conviene a las empresas, porque les da certidumbre a su negocio de la exportación. Ponen fondos ahora, pero saben que si aumentan las exportaciones, porque hay mayor excedente en el mercado interno o porque invierten más, el flujo de fondos futuros lo tienen asegurado.
• Respaldo
Capitanich admitió en cierta forma que se negocia en estos términos, tras una reunión con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. «Esta comisión -dijo- ha dado un fuerte respaldo al Ejecutivo respecto de la posibilidad de tomar decisiones que por un lado garanticen un nivel de inversiones, de actividad, de empleo en las zonas productoras de petróleo, y que al mismo tiempo obtenga un nivel de ingresos suficientes para resolver múltiples problemas.»
Por su parte, el legislador justicialista por Mendoza, Arturo Lafalla, dijo que «hay una decisión del Ejecutivo en marcha, y hay un diálogo abierto que esperemos muy rápidamente corrija los efectos no queridos de esta decisión que todos compartimos».
Dicho de otra forma, Lafalla, al igual que gobernadores y legisladores de las provincias productoras, quieren que el gobierno logre un acuerdo con las petroleras, que les garantice que no se cerrarán los yacimientos menos productivos, mientras que una retención de 20% se considera desalentadora para la inversión.
El tema tiene, además, una arista grave: una eventual disminución de la actividad en las provincias petroleras llevaría a un fuerte conflicto social. Pero en este caso, además, correrían riesgos, el abastecimiento de gas a Chile que está comprometido por contrato y la generación de electricidad a nivel local.
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