Buscan socios privados para obra pública (no será fácil)

Roberto Lavagna

El gobierno anunció ayer dos iniciativas para alentar la participación de capitales privados en obras de infraestructura y servicios públicos. Se trata de dos decretos: uno que mejora el régimen de iniciativa privada ya existente y otro que crea el sistema de iniciativas público-privadas. El plan apuntó a mejorar los índices de inversión, por ahora y junto con la inflación la variable más esquiva para el gobierno. La idea oficial es que la inversión llegue a 23% del PBI antes de fin de año, de 21% actual.

La presentación la hizo el ministro de Economía, Roberto Lavagna, acompañado por el titular de Planificación, Julio De Vido, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, en un acto que encabezó el presidente Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno.

Entre los empresarios presentes estuvieron Jorge Wagner, titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Amadeo Vázquez, presidente de Telecom Argentina; Enrique Pescarmona (IMPSA); Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), y Gabriel Romero (Hidrovía-Ferrocarril Belgrano de pasajeros).

El gobierno cree que los cambios que se pondrán en marcha atraerán a capitales privados y que además el Estado podrá ser socio en emprendimientos de modo que «participará de las ganancias», según dijo un vocero calificado.

• Largo plazo

El problema para ampliar la obra pública sigue siendo el financiamiento, porque se trata de proyectos que demandan un largo plazo para ser repagados y lo que puede afrontarse con recursos fiscales o con cargo a los usuarios (a través del sistema de peajes por ejemplo), tiene que cubrir el costo de la obra, la tasa de interés de las entidades financieras y la ganancia del adjudicatario.

«Con estos dos regímenes que se ponen en marcha se buscará movilizar recursos e iniciativas, tanto del sector privado como del público», sostuvo Lavagna, quien explicó que el plan será monitoreado en forma conjunta por los ministerios de Economía y de Planificación.

Lavagna dijo que el nuevo sistema baja el costode la garantía que deben ofrecer las empresas y fija un procedimiento «muy preciso y transparente» para la adjudicación de obras. La nueva normativa impone 30 días para decidir si es admisible la iniciativa privada, y 60 días para realizar un análisis conjunto por parte de la comisión integrada por los ministerios de Planificación y de Economía, mientras que la decisión final de autorizar la obra queda en manos del presidente de la Nación.

• Segunda vuelta

El nuevo régimen de iniciativa privada contempla como el actual el llamado a licitación después que la obra fue autorizada. Pero bajo las nuevas condiciones, la empresa que presentó la iniciativa puede igualar o mejorar la mejor oferta, cuando la diferencia es menor a 5%, y cuando es superior a ese nivel y hasta 20% tiene derecho a participar en una segunda vuelta a sobre cerrado con el primer calificado.

El sistema de iniciativa público-privada habilita a un organismo público a solicitar a la comisión conjunta la necesidad de que un privado se integre como socio. Lavagna dijo que para garantizar la transparencia de la operatoria la empresa debe tener presencia en mercados de capitales a través de la oferta pública. Por otra parte, la cotización en la Bolsa permitiría captar capitales. Esta idea para conseguir financiamiento viene siendo alentada por el gobierno ya desde que asumió, para distintos proyectos de inversión, como los de telecomunicaciones, pero todavía no logró concretarse.

Esa idea como la lograr financiamiento de las AFJP son además formas con las que se procura, desde hace varios años, financiar obras públicas, sin tener éxito por ahora.

Lavagna sostuvo que «el ministro de Planificación Federal ya recibió unas 25 presentaciones importantes, por montos altos», para realizar obras. «Con estos dos instrumentos complementarios se persigue el objetivo de asegurar que el proceso de inversión en obra pública siga el ritmo que el crecimiento de la economía está teniendo», indicó el ministro.