Washington - La crisis de las hipotecas basura amenaza con cobrarse una nueva víctima: los analistas de Wall Street. Atrapados en una situación de permanente conflicto de intereses y con unos salarios muy inferiores a los de los que elaboran los productos financieros que ellos deben luego analizar, los analistas están en pleno centro de las críticas por su incapacidad -según algunos, intencionada- para detectar la crisis hasta que ésta ya había estallado. Y, entre todas las entidades de análisis de mercados, las agencias de calificación de riesgos son las que se están llevando la peor parte.
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A los inversores les sobran motivos de queja. Un ejemplo: la semana pasada, la agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó la calificación de 691 emisiones de bonos realizadas el año pasado cuyo valor inicial, según informaba el diario «The Washington Post», era de 19.400 millones de dólares (14.400 millones de euros). Una parte significativa de esos bonos se basaba en lo que en EE.UU. se denominan créditos piggyback, en los que el comprador de una vivienda no toma una sola hipoteca, sino dos o tres.
Esos créditos tienen un interés más alto, y además, cuando se cancelan, cobran una comisión adicional, por lo que es evidente que conllevan un riesgo significativo.
Sin embargo, Moody's había dado a 78 de esas 691 emisiones una calificación Aaa, es decir, la máxima que otorga la agencia.
En otras palabras, esos bonos fundamentados en hipotecas basura tenían la misma solvencia que la deuda de Microsoft o ExxonMobil. Hasta que la semana pasada, Moody's rebajó esos ratings, alegando «la dramáticamente pobre actuación» de otras hipotecas de alto riesgo.
Era un movimiento similar al de su rival Standard and Poor's, que el 19 de julio también rebajó la calificación de 418 tipos de bonos por un valor de 2.800 millones basados en hipotecas de alto riesgo. Antes de la revisión, apenas 44,3% de esos bonos tenía calificación propia de bonos basura. El 19 de julio, esa proporción ascendió a 89,2%.
Con semejantes precedentes, los inversores acusan a esos analistas de haber cerrado los ojos ante el peligro implícito de las masivas emisiones de deuda del último lustro; en una reedición de las críticas que ya estallaron hace justo 10 años, cuando la suspensión de pagos de Corea del Sur, Indonesia y Tailandia también tomó por sorpresa a las agencias de rating.
¿A qué se debe esa aparente incapacidad de los analistas para detectar el riesgo de los activos que analizan? Una de las respuestas más malévolas -y mejor fundamentadas- a esa pregunta fue presentada hace dos semanas en Filadelfia por los economistas Michael Clement y James Westphal, de las universidades de Texas y Michigan, respectivamente.
Según ambos profesores, 63% de los analistas financieros admite haber recibido «favores» de consejeros delegados, directores financieros y otros altos directivos de empresas. En el caso de las agencias de rating, la cuestión es más seria porque sus clientes no son quienes compran deuda, sino quienes la emiten, lo que les da pocos incentivos para valorarla de forma negativa. Así que muchos creen que han jugado un papel fundamental en la expansión del mercado de deuda en los últimos años, al calificar con excesiva benevolencia esos activos. Entre ellos están el comisario del Mercado Interior de la UE, Charles McCreevy; y el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU., Barney Frank, que anunciaron la apertura de sendas investigaciones.
Sin embargo, los mismos reguladores tienen parte de responsabilidad. En EE.UU., cinco agencias de rating -Moody's, Standard and Poor's, Fitch, AM Best y Dominio- tienen la calificación de Organizaciones de Calificación Estadística Nacionalmente Reconocida ( Nationally Recognized Statistical Rating Organization).
Eso da un carácter cuasi oficial a sus ratings, y al mismotiempo limita la competencia en el sector, dado que toda agencia que quiera competir con esas cinco debe lograr primero ese título.
Las dudas de Bruselas sobre el papel que están jugando las agencias de calificación agitaron la memoria de quienes sufrieron el estallido de la «burbuja» tecnológica. La primera década del siglo arrancaba con el boom de las empresas de Internet. Al calor del sector, los índices bursátiles engordaron y dieron alas a determinados abusos que algunos auditores no pudieron -o no quisieron- ver.
El pinchazo de la «burbuja» arrastró a firmas recién nacidas, pero también a gigantes que, hasta entonces, se habían considerado intocables e inmortales. Es el caso de Enron, cuyos directivos protagonizaron el mayor «agujero» contable de la historia. Cuando la Justicia estadounidense descubrió el fraude, a la multinacional energética no le quedaba otra salida que la quiebra.
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