El gobierno dio ayer otra señal favorable a los Estados Unidos en retribución por el aliento de Washington al acuerdo con el FMI. Tras el silencio de la Argentina en la reciente cumbre de la OMC en Cancún y la inmunidad para tropas estadounidenses que ejerciten en el país, Néstor Kirchner le hizo aprobar al Senado (por unanimidad) una modificación a la Ley de Patentes que resuelve un añejo conflicto en la relación bilateral que data de 1995. Entre otras cosas, invierte la carga de la prueba al obligar a quienes hayan sido acusados de usurpar una patente a demostrar que no es así e incluye la protección intelectual al procedimiento que se siguió para elaborar un medicamento.
Después de que el Congreso sancionara en 1995 la Ley de Patentes, los Estados Unidos habían presentado ante la Organización Mundial de Comercio una queja formal contra el país y activó en el organismo de comercio internacional un mecanismo para obligar a la Argentina a resolver la controversia. Las tratativas se iniciaron durante la gestión menemista y terminaron en tiempos de
El punto más saliente de la iniciativa es aquel por el cual se limita la aplicación de las medidas cautelares a favor de quienes reclaman la posición de determinadas patentes. En la actualidad, ante la presentación judicial de un demandante, el juez emite un medida cautelar que le impide al demandado fabricar el producto cuestionado, lo que en la práctica viene a ser una sentencia definitiva, por que queda vigente por varios años.
En cambio, con la modificación el juez interviniente estará obligado, antes de emitir una medida cautelar, a recabar la opinión de peritos y especialistas para que certifiquen la validez de la denuncia. Otro de los puntos es el que «invierte la carga de la prueba» para el caso de las demandas, es decir el demandado deberá argumentar ante el juez que no plagió ninguna patente previamente registrada.
Hace dos semanas, el canciller y el ministro de Salud concurrieron al Senado para confirmar el interés del Presidente en la aprobación del proyecto. En los fundamentos de la iniciativa, acordada con la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Ejecutivo afirma que «
