Con una actitud tan repentina como puntillosa, la administración rusa ha desatado una andanada de sugestivas tormentas contra Yukos, invocando -de pronto- presuntas violaciones a toda suerte de normas fiscales y reglamentarias. El accionar público contra Yukos es, por lo demás, cuidadosamente cubierto, minuto a minuto, por medios de comunicación masiva. Estos se encargan de «demonizar» -permanentemente- a la empresa y a sus dirigentes. Según algunos, con la coordinación -esmerada- de funcionarios de «inteligencia» del gobierno ruso, que «sugieren» los diversos allanamientos y procedimientos y supervisan su cobertura «publicitaria».
La causa inmediata invocada para el arresto puntual de Lebedev es un presunto incumplimiento, por parte de la empresa, de algunas normas tributarias.
Hoy, las investigaciones a Yukos que -cual infierno reglamentario- se han acumulado en su contra son ya siete. Por los más diversos motivos. Por ello, la sensación de la comunidad de negocios es que desgraciadamente el «poder de policía» administrativo se ha transformado en un indeseable instrumento de presión.
En rigor, el ataque a la referida empresa parece haberse originado en algunas bancas del Parlamento ruso, en particular desde aquellos que cuestionan las privatizaciones realizadas en época de Yeltsin. Fueron precisamente estos parlamentarios quienes -expresamente- requirieron la investigación fiscal que se precipitó sobre Yukos.
El propio procurador general se ha puesto, también sugestivamente, a la cabeza de los procedimientos administrativos simultáneos que -a marcha lenta- incluyen una investigación sobre la adquisición de una participación minoritaria en una empresa siberiana de gas: Yienisei-neftegaz.
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