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Es un principio básico de cualquier sistema republicano que el poder central esté limitado en la creación y la aplicación de tributos. Sólo el poder del pueblo, delegado en el Parlamento, puede hacerlo, y se exige que éste también fije porcentajes, exenciones e inclusiones. Inglaterra creó el parlamentarismo justamente para limitar el poder del monarca para imponer cargas. En la Argentina, entonces, se está a punto de hacer historia.
Este sistema de financiamiento de obras públicas es la consecuencia del Decreto 180/2004 que firmó el Presidente para disponer la creación, entre otras cosas, del sistema de fondos fiduciarios que llevará adelante la construcción de las obras programadas por el ministro Julio De Vido para paliar la crisis energética. Así, para autorizar la creación del cargo al público, se envió un proyecto de ley al Congreso.
Fin de la historia: todas las renegociaciones que el gobierno enfrentó con compañías de servicios concesionados se están cerrando con aumentos de tarifas o manteniendo los valores de éstas en dólares pero no hubo inversión grande, con el agravante de que el congelamiento descapitalizó a las empresas y restó nivel de equipos y exploraciones al país. Lo inevitable de cualquier lógica de mercado. Sucedió con Edelap ( distribuidora de electricidad de La Plata) -donde el duhaldismo tuvo que resignarse a pagar el costo de votar en el Congreso nacional una suba de tarifas en territorio que se disputa con Felipe Solá-, autopistas, puertos y ahora, como adelantó
Pero los aumentos no alcanzan para financiar obras, como la ampliación del gasoducto General San Martín que acaba de inaugurar Transportadora de Gas del Sur en la Patagonia y que, de acuerdo con la política del gobierno en materia de financiamiento estatal de la infraestructura, ahora hay que pagar. O mejor dicho,ahora los usuarios deben pagarla.
Por eso, a los aumentos en el precio de la electricidad, los empresarios deberán sumarles en poco tiempo este «cargo específico» para financiar obras, no sólo ésa sino todas las que se consideren necesarias en el futuro, a través del sistema de fondos fiduciarios, que podrán ver claramente identificado en sus facturas de luz y gas.
• La ley le permitirá, entonces, al gobierno decidir qué obras se deben financiar con este sistema y qué usuarios deberán pagarlas. Ese nuevo impuesto, que técnicamente se llamará «aporte a los fondos de los fideicomisos», no caería en principio sobre pequeños consumidores, sino sobre empresas y comercios mayores, el mismo sector que debe pagar el aumento de tarifas energéticas, cuando fueron excluidos los usuarios, agravando el costo de las empresas, lo que significa, ya se dijo, su descapitalización y retraso tecnológico del país.
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