CER: se afianza idea de capitalizar 80%

Legisladores, funcionarios y banqueros volvieron a reunirse ayer para discutir cómo salir de la prórroga impuesta por el Congreso para la aplicación del CER a los créditos bancarios. Lo más saliente del encuentro celebrado en oficinas del Senado fue una información acercada por gente del Banco Central, respecto del impacto que tendría ampliar la base de beneficiarios del recorte. Es que una de las cuestiones centrales de la discusión es subir hasta $ 400.000 el tope para «merecer» la dilación del aumento de la cuota, que hoy es de $ 150.000. Según los números del Central, esta cifra comprende a casi 90% de las personas físicas beneficiarias de préstamos; en caso de subir el techo hasta los $ 400.000, sólo se agregaría 5% más de personas físicas. El BCRA dijo también que el techo de $ 400.000 comprendería también casi a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas; por encima de esa cifra, sólo quedarían los grandes grupos empresarios. Por eso, es casi un hecho que se mantendrá el límite de $ 150.000 para acogerse al «plan de pagos» que propondrá la «Comisión de Trabajo» (conformada por diputados y senadores, el Central, Economía, ABA y Abappra) al gobierno nacional, a más tardar el miércoles a las 17. Dicho plan, tal como viene anunciándose casi desde el inicio de este proceso, se basaría en cobrar 20% del CER acumulado hasta el 30 de setiembre (cuando vence la prórroga dada por el Legislativo) con la cuota del 1 de octubre. El 1 de noviembre, a ese monto se le sumará el CER (o sea la inflación) de octubre. • Evolución En otras palabras: si la cuota antes de la prórroga era $ 100, en octubre será de $ 100 más 20% del CER acumulado (más o menos 7%), o sea $ 107. El 1 de noviembre, el deudor pagará ese importe más la inflación de octubre; de ubicarse en los guarismos de los últimos meses (3%), la cuota sería de unos $ 110. ¿Qué pasará con el restante 80% del CER acumulado (cerca de 28%)? Se capitalizaría, convirtiéndose en cuotas adicionales que comenzarán a pagarse al final del plazo original. Este plan alcanzaría sólo al segmento inferior; para los créditos superiores a los $ 400.000 la capitalización rondaría 50%, y el resto iría escalonándose de manera gradual en las cuotas subsiguientes. Sin embargo, allegados al diputado Rogelio Frigeri lanzaron sobre la mesa la posibilidad de capitalizar todo lo devengado hasta el 30 de setiembre próximo (alrededor de 35%), agregándole incluso lo que se acumule hasta diciembre próximo y mantener la cuota intacta hasta fin de año; recién en enero, entonces, habría un incremento de las mensualidades en caso de que triunfe esta postura. Desde ya, la iniciativa provocó la inmediata reacción negativa del sector bancario, que curiosamente estuvo representado por asesores (no concurrió ningún ejecutivo de bancos; tampoco lo hicieron Carlos Heller ni Mario Vicens, titulares respectivamente de Abappra y ABA). Tal como adelantara este diario ayer, los banqueros argumentan que el CER -o parte de él-debe ser aplicado de inmediato porque de lo contrario se hará impagable, y además se dificultará aún más la posibilidad de contar con fondos para cumplir con los ahorristas, hasta ahora el sector más perjudicado por la pesificación asimétrica. En lo que hubo casi unanimidad fue en la necesidad de que la solución que se dé a la cuestión tenga costo fiscal cero. Esa unanimidad fue quebrada por el diputado radical por Corrientes Noel Breard, que argumentó a favor de que el Estado acuda en ayuda de quienes no puedan pagar. • Asistencia En ese punto salió a relucir un proyecto del Ministerio de Justicia, denominado Programa de Reestructuración Abreviada, que prevé una «resolución rápida» y sin apelar al concurso preventivo de las acreencias entre deudores y bancos. El acuerdo, que puede o no ser homologado en los estrados judiciales, contará con la asistencia técnica y la mediación de la cartera de Justicia, y no tendrá costo para las partes. «Me parece una buena iniciativa, porque favorece la negociación entre las partes, pero con la mediación y el apoyo institucional del Estado, en este caso el Ministerio de Justicia», dijo a este diario el senador chaqueño Jorge Capitanich (PJ). «El deudor se beneficia reprogramando sus créditos, y el acreedor tiene de algún modo una garantía de cobro.» A la reunión, que iba a ser acotada y eminentemente técnica, concurrieron -además de los habituales Frigeri y Capita-nich-casi de sorpresa los diputados Darío Alessandro, Rafael González, Breard y el vicepresidente del BICE, Aníbal Córdoba.

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