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«Estos cierres tienen relación con la recesión de los últimos cuatro años; los datos aún no están influenciados por la parálisis ocasionada por la crisis sociopolítica y económica de los últimos sesenta días», revela el trabajo de CAME. «Es de suponer que, de continuar esta situación, el cierre de comercios se incrementará».
Los barrios
En el total de la Ciudad de Buenos Aires, sobre 16.755 locales censados, a la fecha están cerrados 2.668. Los barrios más afectados por la crisis son Palermo (59 cierres sobre 274 comercios), Almagro (286 sobre 1.346) y Constitución (142 sobre 660), con porcentajes superiores a 21% de cierres. En la otra punta del espectro están Recoleta (7,5%) y Belgrano (6%).
Según la gente de CAME, Capitanich tomó debida nota de estas cifras preocupantes, para luego soportar otro pedido concreto: que se haga efectivo de una vez el declamado «fondo por daños contra saqueos», para compensar a los comerciantes cuyos locales fueron destruidos y sus existencias robadas durante las dos dramáticas jornadas de fines de diciembre.
Cornide volvió a recordar el caso de una conocida sastrería que padeció el saqueo y la destrucción de su local y que tiene un crédito pendiente de pago que no puede saldar por no estar en condiciones de operar, además tener $ 15.000 en el «corralito». «Esta gente necesita una solución ya mismo», dijo el dirigente.
Seguramente para adelantarles algunas de las medidas que se anunciarán el sábado, la CAME y la UIA serán recibidas hoy a las 9 por Duhalde (entidades agropecuarias están citadas a las 16). «Veremos qué nos dicen...», dijo Cornide sin demasiadas expectativas. «Hay que reactivar: la gente está aplicando una economía de guerra feroz porque no sabe qué sucederá mañana, y no gasta ni para comprar lo elemental».
Pelea agudizada
Por eso le plantearon a Capitanich «la necesidad de pesificar toda la economía uno a uno y el fin del 'corralito' porque los argentinos estamos cansados de trabajar para los bancos».
En este marco se agudiza la pelea entre comerciantes y proveedores: cada vez más los fabricantes de insumos o importadores de bienes terminados exigen el pago al contado contra entrega de la mercadería, exigencia que los comerciantes y fabricantes que utilizan esos insumos no están en condiciones de satisfacer. Estos abusos estarían verificándose en rubros como papel, azúcar, aceites y electrodomésticos, entre otros.




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