¿Parmalat se va del país? El conflicto gremial que se desató la semana pasada en su planta de Chascomús (Gándara) y que ayer se extendió a su fábrica de Pilar y su centro de distribución de Carapachay estaría haciendo pensar a sus ejecutivos en descontinuar sus operaciones en la Argentina, en donde llevan invertidos poco más de u$s 200 millones. El problema con el gremio ATILRA (trabajadores de la industria lechera) se inició el martes último, cuando los delegados desconocieron un acuerdo de la empresa con una docena y media de operarios, la mitad de los cuales había aceptado trasladarse a trabajar a Pilar. Según explicaron fuentes de la empresa, por cuestiones operativas se decidió la mudanza de una línea de producción de quesos untables desde Chascomús hasta Pilar, y se les ofreció a los operarios radicarse en esa localidad bonaerense. La propuesta fue aceptada por parte del plantel, y el martes último debía haber comenzado el desmonte de las máquinas. Sin embargo, delegados gremiales impidieron la operación y declararon la huelga en esa planta, aduciendo que se trataba de un primer paso hacia el cierre total de esa fábrica. La empresa desmintió de plano esa posibilidad, a pesar de lo cual ayer dos grupos de activistas sindicales impidieron el acceso a las dos plantas del Gran Buenos Aires. Todo esto en el marco de una conciliación obligatoria solicitada por la propia empresa, que se inició el viernes y que recién anoche fue concedida por el subsecretario de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón. La medida obliga a las partes a retrotraer la situación al día anterior al del conflicto, por lo que el sindicato se comprometió a levantar la toma de la planta. En tanto, voceros de Parmalat adujeron que la toma de la fábrica de Chascomús y los piquetes a las puertas de Pilar y Carapachay «violaban ese procedimiento». En un comunicado distribuido ayer, agregan que «la medida de fuerza, que impide el normal desenvolvimiento de la empresa, se realiza contra la voluntad del personal que trabaja en esas unidades, tal como lo expresaron los propios trabajadores en una declaración ante las autoridades de la Delegación del Ministerio de Trabajo del Partido de Pilar». La declaración incluye una denuncia contra «la forma inconsulta, arbitraria y autoritaria con la cual se ha coartado nuestra libertad de trabajo».
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