Miguel
Angel
Pichetto,
presidente
del bloque
oficialista, y
su par
Jorge
Capitanich,
durante el
debate que
precedió a
la aprobación
del
decreto
presidencial
por el que
se creó
AySA.
Con la aprobación del Senado, el Congreso le dio ayer fuerza de ley al proceso de ratificación del decreto de necesidad y urgencia 304/ 06 de Néstor Kirchner que crea AySA, la nueva empresa estatal que prestará el servicio público de agua y sistema cloacal para la Capital Federal y 14 partidos del conurbano.
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El debate en la Cámara alta, algo extemporáneo, ya que AySA funciona desde marzo, no estuvo exento de polémicas. La «barra» de sindicalistas sanitarios que copó la segunda bandeja del recinto se encargó de abuchear, chiflar e interrumpir a los gritos a los senadores radicales que criticaban, entre otras cosas, que el directorio de la nueva empresa estatal quedara a cargo de Carlos Ben, su flamante presidente, quien participó del proceso de privatización de Obras Sanitarias en la década anterior y ocupó un sillón en el directorio de Aguas Argentinas como representante del Grupo Suez.
Los ataques de la oposición comenzaron precisamente por el funcionario. El radical jujeño Gerardo Morales calificó a Ben como un «personaje peligroso» que participó en el vaciamiento de la empresa y reclamó que se haga cargo de su responsabilidad.
El oficialista Jorge Capitanich replicó esas críticas al afirmar: «Acá el gobierno a la única que perjudicó fue a la empresa ex concesionaria por haber incumplido el contrato y ahora lo va a pagar». Es que uno de los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo impulsa la ratificación parlamentaria de un DNU -herramienta a la que usualmente recurre para atribuirse facultades legislativas y someter sin consulta al Congreso a su voluntad- es tener un fuerte sustento jurídico y político para defender al Estado ante la demanda que Aguas Argentinas -que controlaba el grupo francés Suez- presentó ante el tribunal de controversias del Banco Mundial (CIADI). Capitanich, ganándose la ovación de la tribuna gremial, calificó esta acción judicial de «caradurez».
Fue Daniel Scioli el que debió intervenir en cinco oportunidades para pedir calma, advirtiendo que, de lo contrario, se iba a desalojar a la tribuna. La mesura del vicepresidente contrastó con la intervención de Miguel Angel Pichetto, quien entabló un insólito diálogo con la barra sindical:
Pichetto: No son ustedes los que pueden opinar acá.
Barra: (a los gritos, desencajada) ¡Ustedes tampoco!
P.: ¡Este es un debate plural!
B.: ¡Entonces digan la verdad!
El DNU de Kirchner, ratificado ayer por ley, adjudicó 90% de las acciones al Estado y 10% restante al sindicato de los trabajadores del gremio sanitario, que lidera José Luis Lingieri, secretario general adjunto de la CGT. Se plasma así el reparto de puestos clave a los sindicalistas aliados al Frente para la Victoria, que comenzó con la designación de la diputada Graciela Camaño -esposa del gastronómico Luis Barrionuevo- como vicepresidenta tercera del cuerpo y continuó ayer con la consagración del número dos de la central que lidera Hugo Moyano en el directorio de AySA.
Se debate hoy en audiencia pública en Tucumán el acta acuerdo que firmó con el gobierno Telecom Argentina. El convenio después deberá ser tratado por el Congreso, y puesto en vigencia por decreto.
El acta considera que Telecom cumplió con las metas previstas en el contrato de concesión, y deja que hacia el futuro la cuestión de tarifas e inversiones sea resuelta por la Secretaría de Comunicaciones.
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