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El mendocino Gustavo Gutiérrez avanzó un poco más y atacó otro flanco: «Hay que estar muy atentos al manejo de los fondos fiduciarios, allí hay un agujero negro de la administración y se nos está pidiendo que convalidemos todo por ley».
El proyecto de presupuesto presentado por Lavagna al Congreso retoma, en su técnica, la tradición de los presupuestos de gobiernos peronistas. Por ejemplo, en épocas del binomio Domingo Cavallo-Menem se aprovechaba para incluir todo tipo de medidas de política económica resistidas por el Congreso pero que necesitaban ratificación por ley. Esta práctica se aleja de lo que indica la Ley de Administración Financiera y la Complementaria Permanente de Presupuesto en cuanto a su redacción.
Esta vez volvió algo de esa historia. Basta nombrar, desde la inclusión de la ratificación del default, el otorgamiento de plenos poderes a Roberto Lavagna para reestructurar la deuda hasta la convalidación de más de $ 16.180 millones destinados en 2002 a compensar a entidades financieras por la pesificación asimétrica a través de la emisión de bonos lanzada por Eduardo Duhalde en el Decreto 905.
Una de las creaciones de los últimos años que ahora desaparece es el Fondo Anticíclico Fiscal, sancionado al final del gobierno de Carlos Menem en la Ley de Convertibilidad Fiscal. El proyecto de Presupuesto 2004 establece la suspensión de ese fondo y autoriza al Banco Central a invertir esos recursos en «instrumentos elegibles por el Banco Central».
También se decidió que los recursos que obtenga la Cancillería por aplicación de aranceles y sellados serán de afectación específica para ese ministerio.
Se modifican, además, las tasas de control de combustibles creadas en el Presupuesto 2003 para destinar al financiamiento de los subsidios en la región patagónica. A partir del presupuesto, habrá una alícuota porcentual, en lugar de fija como hasta ahora, que deberán pagar las fraccionadoras de gas li-cuado de petróleo a razón de 1% sobre el precio al que adquieran el gas y las empresas refinadoras, elaboradoras y comercializadoras e importadoras de nafta y gasoil de 0,05% del precio por litro, libre de impuestos.
El gobierno también le pide al Congreso algo que se le negó a Duhalde: la ratificación de una lista de decretos de necesidad y urgencia que conformaron todas las normas de pesificación y ordenamiento del «corralito» financiero. Allí están, por ejemplo, el 905, firmado el 31 de mayo de 2002, que dispuso el canje por bonos de los depósitos atrapados en el «corralito» y la compensación con bonos a los bancos por la pesificación.
Se pidió ratificar el 1.836, segunda fase del canje, el 1873 -mecanismo para la conversión a moneda nacional de las deudas que aún no se hubieran cancelado- o el 2.167 -sobre canje y recompra de depósitos reprogramados- y el 530 de 2003, que dispuso el reintegro de los instrumentos de deuda pública que dieron origen a los préstamos garantizados.
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