Senadores peronistas y radicales ya comenzaron a negociar cambios en el proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia Pública. A pocas horas de haber ingresado en el Congreso -confirmando un anticipo de Ambito Financiero-, comenzaron las protestas. Se considera demasiado amplia la delegación de poderes, como la posibilidad de decidir el gobierno por decreto qué sector continúa en emergencia y cuál no. Aporta tanta inseguridad jurídica como dejar abierto, tal como pidió Kirchner, el monto de las indemnizaciones que deberán pagar las empresas que produzcan despidos. Es porque el gobierno pidió prorrogar la suspensión de despidos hasta que la tasa baje de 10%. Y se guardó la posibilidad de fijar por decreto la sanción para los empresarios que deban reducir personal. No se sabe ahora si la indemnización será doble, 80% más o hasta inferior. Carlos Tomada, ante las críticas, se atajó ayer tratando de tranquilizar: «No habrá cambios al esquema actual». Pero entonces no se entiende por qué ese otro «superpoder» que se pide. Hoy, los senadores comenzarán a debatirlo en comisión. Pero ya pidieron al gobierno que modifique algunos artículos que consideran claramente inconstitucionales.
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Pero el punto más conflictivo del proyecto es la prórroga en la suspensión de despidos. Hasta ahora los empresarios debían lidiar con el altísimo costo laboral que supone no poder ajustar las plantas de personal o hacerlo pagando el doble de la indemnización. Y además esa doble sanción tenía una vigencia fija y el monto indemnizatorio estaba determinado.
Si el proyecto se convierte en ley, la doble indemnización seguirá vigente hasta que la desocupaciónno baje de 10% -es decir, una fecha imposible de precisar-. Pero al mismo tiempo genera una de las mayores incógnitas de la historia laboral argentina: será sólo Kirchner por decreto quien fije cuál será la sanción a los empresarios que no cumplan con la suspensión de despidos. Puede continuar la doble indemnización, puede subir, puede bajar o incluso puede no haber sanción, sólo el Presidente lo sabrá.
Es que el poder para declarar la emergencia o levantarla está limitado en la Constitución nacional al Congreso. De esta forma se estaría cediendo también esa facultad al Ejecutivo.
Y el otro punto a discutir son las sanciones por incumplimiento de las empresas a la suspensión de despidos, donde el PJ tampoco está dispuesto a cederle al gobierno la posibilidad de fijar los montos indemnizatorios.
El proyecto establece que la suspensión de los despidos sin causa justificada seguirá vigente hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC «resulte inferior a 10 por ciento» y volvió a disponer como sanción para aquellos empleadores que produzcan cesantías el pago a los trabajadores afectados de un «porcentaje adicional que fije el Ejecutivo por sobre la indemnización que les corresponda», sin precisar cuánto será. La suma está fijada hasta ahora en 80% por sobre la indemnización que establece la Ley de Contrato de Trabajo y ayer Carlos Tomada señaló que «no habrá ningún cambio» en la política de gradualidad.
En el Congreso, la reacción inicial a la prórroga de la Emergencia Pública no fue de las mejores. Desde el bloque radical del Senado consideraron que: «Es el gatopardismo más grande que se ha visto en la historia. Es una obra maestra para esconder un fenomenal aumento de los superpoderes del gobierno».
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