La fuente admitió que el Estado y las privatizadas que adeudan en total 10.000 millones de dólares podrían formar un «frente» para negociar con los acreedores que «son más o menos los mismos», pero sin compromiso por parte del Estado. También descartó la idea de un seguro de cambio.
El alto funcionario reconoció que los tiempos de renegociación de los contratos deberán alargarse «porque pasaron varios meses y se hizo poco o nada». Pero también sostuvo que «no puede renegociarse hasta que no se ofrezcan variables macroeconómicas definidas.
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