Ya ha trascendido que Diputados aprobó una ley de presunción de evasión que pasó al Senado. Un punto polémico es que la AFIP calculará la productividad, ganancia y, por consiguiente, el monto del impuesto de las explotaciones agropecuarias a partir de fotos satelitales para limitar la evasión. Además, si lo aprueba el Senado, se invertirá la carga de la prueba: el organismo presupone tal monto impositivo por existencia de ganado o cereales, según su medición, y el productor luego puede refutar con pruebas que no es tal su productividad y, por tanto, el impuesto que le aplican. Se van agudizando los métodos de control del pago de impuestos, pero el Estado no reduce su exceso de personal, sus subsidios, sus gastos en elecciones con dinero de los contribuyentes, ni el dispendio vía los bancos oficiales. Cuando la evasión pase a ser casi nula -y está bien que así lo sea-, el Estado tendrá que ser serio en el gasto público y en brindar servicios. Lo contrario será una injusticia que generará reacciones de la gente del campo y de otros sectores.
Ahora, y cuando el Legislativo apruebe la ley, el organismo montará un sistema de control satelital sobre los campos, para intentar descubrir casos de comercio agropecuario en negro. La idea de la AFIP es que inmediatamente después que el Senado convierta en ley la autorización para controlar satelitalmente al campo, comenzar con este tipo de inspecciones. Para esto ya está funcionando dentro del organismo que maneja Alberto Abad, un grupo de agentes y técnicos que tendrían a cargo esta responsabilidad.
Si efectivamente se detecta la evasión, la ley que está en el Senado permitirá acusar de evasión en Ganancias por «un monto equivalente a las diferencias de producción en concepto de incremento patrimonial, más 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles».
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