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Este no sólo pasó a estar protegido del ataque de sus acreedores por la suspensión de ejecuciones, remates y medidas cautelares sino que se le habilitó un proceso de concurso preventivo en el cual podía recurrir a la Justicia, con el objeto de postergar en más de 450 días hábiles una eventual declaración en quiebra contando, durante ese largo lapso, con una red de protección que lo habilitaba a negociar con sus acreedores una salida concertada de la crisis sin que sus bienes pudieran ser atacados.
Las normas de la Ley 25.561 fueron en este sentido absolutamente nefastas, y generaron un proceso destructivo del crédito. Es el día de hoy en que todavía no se tiene solución alguna para el tema de los remates y las ejecuciones, suspendidas todavía por razones de «buena voluntad».
La presión de los organismos multilaterales de crédito, organizaciones internacionales, y del mercado en general, llevaron a que pocos meses después el gobierno de Eduardo Duhalde admitiera lo negativo de aquellas normas y sancionara la Ley 25.589 -rectificativa-dejando sin efecto muchas de aquellas disposiciones.
El Correo Argentino tuvo oportunidad de negociar con sus acreedores, sin interferencia de ningún tercero por más de un año y no sólo contó con el período de exclusividad propio que le daba la ley de quiebras, también fue beneficiario de las prórrogas otorgadas por la emergencia.
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