Correo: sin plazos para reprivatizar

Julio De Vido

El gobierno creó el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA), una sociedad anónima en la cual la totalidad de las acciones pertenecen al Estado nacional, y puso fin a la intervención de Correo Argentino, dispuesta tras la rescisión del contrato al consorcio liderado por el grupo Macri.

La medida implica en primer lugar una postergación, sin fecha precisa, del proceso de privatización que debía concluir en mayo, según lo pactado en el momento de rescindir el contrato de Macri. Según alguna versión de medios oficiales, la empresa se privatizará ahora en un nuevo plazo de 180 días. De acuerdo con estos voceros, la formación de una sociedad anónima era un paso imprescindible para la privatización, porque permitiría vender parte del paquete accionario a un nuevo operador y colocar otra parte en la Bolsa.

Lo más concreto surge de la afirmación del ministro de Planificación, Julio De Vido, que dijo que no hay nuevos plazos para privatizar, y agregó que «el negocio tiende a consolidarse y los números podrán mostrar una rentabilidad razonable».

• Recomendación

La formación de la sociedad anónima fue recomendada por la SIGEN, organismo de control que afirmó que «la unidad administrativa (que se conformó al intervenir el Correo) carece de personalidad jurídica estando sus derechos y obligaciones absorbidos por el Estado nacional». La SIGEN también cuestionó que, al estar sometida a las reglas contables de la administración central, la unidad administrativa «no resulta apta para el ejercicio de actividades empresarias». Además, la sociedad anónima deberá ahora presentar balances anuales, con lo cual podrá confirmarse si no requiere de aportes del Tesoro para poder funcionar, tal como dijo De Vido.

CORASA se une a la reciente creada Enarsa (Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima) que todavía necesita ser aprobada por una ley del Congreso, y a LAFSA (Líneas Aéreas Federales) que se constituyó para absorber al personal cesante tras el cierre de LAPA y Dinar. Estas empresas estatales son vistas como manifestaciones de la intención de Néstor Kirchner de volver a un Estado más participativo e intervencionista en la economía.

La privatización contaba con varios obstáculos, más allá de los planteos políticos contrarios a la reprivatización. El borrador del pliego de la licitación elaborado por el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, y el interventor en el Correo, Eduardo Di Cola (ahora presidente de CORASA), incluía un subsidio al Correo oficial para cubrir el servicio en las localidades más alejadas del país.

Esa subvención debía quedar a cargo de todos los prestadores postales, incluido el Correo oficial, en proporción a su facturación. De esta forma, una nueva concesión no sólo no pagaría canon, como debía hacerlo Macri, sino que además sería subsidiada.

Por otra parte, los eventuales interesados que se habrían acercado en estos meses, habrían solicitado una ley que regulara la actividad postal y evitara la competencia desleal de los operadores ilegales, por lo general de pequeñas dimensiones.

También se indica que el gobierno no cree que éste sea el momento político más oportuno para discutir en el Congreso una ley para la actividad postal, cuestión que quedó paralizada en 1996, cuando un debate sobre el proyecto terminó con las acusaciones del ex ministro Domingo Cavallo contra Alfredo Yabrán.

Según las declaraciones oficiales, el Correo oficial tendrá este año una facturación de $ 500 millones y una participación de 37% en el mercado postal, mientras 40% a 45% de su facturación proviene de las ventas corporativas (sobre todo a empresas de servicios públicos y bancos, que son los principales clientes del sistema).