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El punto donde más se avanzó es en el sector automotor. Después de las reuniones oficiales que se realizaron el martes pasado y donde se discutieron las propuestas de ambas partes, ayer funcionarios del gobierno argentino se reunieron con los directivos de las terminales locales para explicarles los avances de las negociaciones.
Actualmente, rige un sistema de compensación que por cada dólar que se exporta se puede importar un dólar sin arancel con una margen de más menos 10%. Este mecanismo de 1 x 1 había sido impuesto por la Argentina para evitar la invasión de autos brasileños. Pero hoy representa una traba para vender más a Brasil. Por la caída del mercado interno argentino, las importaciones cayeron fuertemente y funcionan como un tope para poder exportar más. En caso de no cumplir con este equilibrio, las empresas deben pagar multas.
La Argentina quiere ahora que este sistema, conocido como «flex», se amplíe. Inicialmente, se pedía una nueva compensación en 3 x 1, pero el acuerdo se cerraría en un nivel de 2 x 1. A cambio, Brasil lograría que la Argentina disminuya el porcentaje de autopartes de extrazona, que hoy es de 40% (se pasaría a 25%). El pedido de Brasil se debe a que, con el actual nivel, los autos que compra en la Argentina llegan con un porcentaje de piezas de terceros países que perjudica a los autopartistas brasileños.
Para sellar este acuerdo en autos, Brasil pide también que la Argentina revea la política de antidumping y subsidios en regímenes especiales que está impidiendo el ingreso de pollos, porcinos y textiles. Por este conflicto, Brasil presentó una denuncia en el Tribunal del Mercosur que dio la razón a la Argentina y que ahora apelará, salvo que se concrete un acuerdo global.
La preocupación de Brasil es que, con la devaluación del peso, se aceleró la caída de las exportaciones hacía la Argentina, que sigue viendo crecer su superávit comercial.
Sólo en el sector automotor, la Argentina tuvo un saldo a favor de alrededor de u$s 600 millones que este año podría ser de u$s 700 millones (según la Argentina) o de u$s 900 millones (según Brasil).




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