Advertimos que ha pasado inadvertido, vaya la aparente contradicción, aquello que puntualizamos como uno de los contrastes y evidencias históricas, más importantes de los últimos tiempos: como es que los escándalos de Wall Street (y se siguen agregando contabilidades imaginativas, como para convertir el ciclo récord de esa Bolsa en la «burbuja» más salvaje de todo su trayecto) dispararon toda la furia de Bush y compañía. Como estaban comprometidos con esos postulados de la libre empresa, de los mercados alegres y juguetones retozando en las praderas de los ahorros resulta que han quedado, también en esto, mascando rabia. En general, cuando ello le sucede al gobierno de los Estados Unidos termina bombardeando a quienes lo han hecho disgustar: el dilema es que bombardear el edificio de Wall Street, podía generar alguna polémica y decidieron una guerra bateriológica: donde nada quede vivo, salvo los edificios y los activos, hacen quedar como amonestaciones de secundaria a reglamentaciones de las que fueron grandes crisis. Y si se siguen adosando casos, acaso de manera proporcional crezcan las graduaciones de penalidades a los que estén incursos en tales «delitos económicos». Se nos dice, «bueno, pero aquí se penaba hasta por negligencia...». Sí y se mantenía una leyenda de «subversión», que quedaba tan fuera de cuadro, como para temerle al enunciado desde su mismo título. Sin embargo, en el espíritu y en lo que se encuadra, persigue y castiga: hay diferencias, en favor de lo que proponen en los Estados Unidos, respecto de lo que aquí se mandó derogar: como condición imprescindible ¡para el inversor extranjero! No es poca cosa, se merecía más «cupones» y el seguimiento de esto, que constituye uno de los desvíos conjuntos más escandalosos en la historia de los mercados. Recordemos, nuevamente, que el corazón de las medidas a tomarse pasa por considerar que «la presentación de balances falsos, ante la Comisión de Valores (SEC) será considerado un crimen». Hasta hoy, ese tipo de desvío era como un simple «delito civil» y los que estaban incursos, simplemente abonaban una multa. De aprobarse lo que se envía, en el futuro: «serán condenados a varios años de prisión». Y para apoyar el cambio radical, en las penalidades y categoría de delito, el gobierno sostiene que «es necesario que el Estado intervenga, imponiendo reglas más estrictas para los casos de corrupción». Y que los casos no sigan viniendo uno detrás del otro «atentando contra la credibilidad de todo el sistema económico». Si esto no está en la misma cuerda, de toda la legislación que los argentinos acabamos de ver derogarse, (por parte de gobernantes, que cumplen rigurosamente las órdenes que le dan desde afuera) será difícil encontrar cosas más parecidas. La una derogada, la otra puesta en vigencia. Levantando, a pedido, normas sobre delito económico y yendo a instaurarlas, donde está la libre empresa. Absurdo.
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