Es curioso, quizás al lector le suene igual, cómo un gobierno que no duda en aplicar la «mano dura» en tantos asuntos que se le enturbian y se oponen a sus intereses, permanentemente se escandaliza cuando esto se plantea sobre el tema de la inseguridad en que se vive. Algo no coincide y puede ser que estemos ante un choque semántico, que impide comprender las dos posiciones. En principio, nadie ha explicado de manera clara a qué se refiere cada cual, cuando habla de «mano dura». En el sentido en que se la quiere dar por válida, resultaría de aplicar con todo rigor una serie de normativas vigentes respecto de los que las infringen. En una palabra, se estaría aplicando lisa y llanamente la ley, la simple ley, que divide naturalmente a la sociedad: entre quienes se subordinan a ella y los que se rebelan y la perforan.
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En claros ejemplos actuales, se puede ver esto. Y lo que más destaca es la persistente búsqueda del gobierno de la provincia de Buenos Aires por conseguir que sus ciudadanos cumplan con sus obligaciones impositivas. Perfectamente, puede decirse que el recaudador no duda en aplicar «mano dura» con los morosos e infractores. Incluso, habiendo llevado a la práctica diversos métodos y cada vez más duros. Nuestro muy severo secretario de Comercio tampoco duda en aplicar «mano dura», cuando cita empresarios y procura colocar un tapón a un presunto derrame inflacionario. El sistema practicado dista mucho de ser un «acuerdo», resultando directamente una presión directa y amenazante, sobre los que no se avengan a los designios. Mano dura. Con el acuciante problema de la energía, no se tuvo miramientos delicados: «mano dura» con grandes empresas y que se las arreglen como puedan. Y anduvo flotando un supuesto plan de castigos múltiples para los consumidores comunes que no gasten menos que en 2005.
En el tema de la inseguridad, todo cambia y eriza los pelos de los gobernantes. Se ha visto, y leído, infinidad de notas y declaraciones (la más resonante, la del Presidente hablando de: «con un palo en la mano», seguida del gobernador Solá) acerca de qué cosas no solucionan la inseguridad, pero ninguna que diga cuál es la solución propuesta por el Estado, más que el simple ciudadano y potencial víctima: sufra y no llore.
Pavadas como que «es un problema de educación» (y habrá que esperar por generaciones enteras) y otras académicas dejan todo tal como está. Y lo que la gente quiere y pretende -con razón- es que el sistema de seguridad y las leyes respectivas se apliquen tan a pleno como las que velozmente se implementan en otros asuntos.
No se espera educación para recaudar más ni para la energía, ni para la inflación: porque es ahora. Y la inseguridad también lo es y se lo pospone. (Disculpe el lector por estos «cupones» en tema libre.)
