En una época, hasta unas tres décadas atrás, regía en la Argentina una llamada Ley de Inversiones Extranjeras que se destinaba a restringir los movimientos sobre el mercado, colocando expresas normas sobre su entrada, permanencia y salida. En ese entonces, vivíamos con el «viejo recinto», la tiza y las pizarras de chapa, entre cuatro paredes literales y donde a nadie le importaba demasiado qué sucedía más allá de la frontera. Obviamente, el escenario y tales normas sentenciaban que deberíamos ser un mercado muy reducido, de entrecasa, donde acaso la única diferencia a favor, con lo moderno, se podría encontrar en que resultaba mucho más colorido. El recinto tradicional rebosante en operadores transando y con la «baranda» repleta de socios de la Bolsa, llamando a los agentes. Si había zona de bonanza, las adyacencias a la esquina bursátil se poblaban intensamente de merodeadores, que tenían ávido acceso a lo que sucedía agolpándose ante las vidrieras de la financiera Sidesa que actualizaba precios de las acciones, de modo permanente. Es una postal, fantasma del viejo pasado. Y que ya no se puede resucitar. Aquella ley que trababa inversiones, al menos estaba allí, a la vista de todos y los de afuera sabían a qué atenerse. Hoy, con el mundo globalizado, con un «mix» permanente de inversor local y foráneo, no existen trabas acerca de cómo comprar, o de cuándo vender. Como debe ser...
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Sin embargo, he ahí a un gobierno que pregona por atraer inversiones. Que vocea que en la Argentina hay seguridades jurídicas y que deja en las sombras una segunda carta: ¿qué puede decirse de la seguridad política? Que en nuestro país es mucho más temible que cualquier otra y donde el propio presidente de la Nación -que debería irradiar calma-no cesa de acusar a diestra y siniestra a quienes se crucen en el camino de sus deseos.
En lo que hace a mercados, relacionó hace unos días a la inflación con los bonos. De los bonos y su descrédito, que bien ganado lo tienen, pasó a apuntar a dos entidades que serían responsables y «culpables»: de haber vendido equis millones de esos bonos. Tras cartón, una denuncia judicial para que se investigue a tales fondos de inversión. La acusación aborda: «concertaciones especulativas y anticompetitivas, en el mercado de títulos que indexan por CER». Se verá adónde llega ésta actuación, pero aunque quede diluida, el mensaje fue impreso para todos: cuidado con salir a vender partidas grandes de bonos cuando les parezca. Una suerte de embudo donde la puerta se abre para entrar, pero se hallará un delicado tamiz para salir.
No hay ninguna ley, ni norma, ni condición en el bono, que marque ni tiempos, ni cantidades para poder vender.
Dejá tu comentario