Es otro avance más del sindicalismo, aunque la medida obedezca también a la saturación de juicios en los juzgados comerciales. Desde ahora, les será más difícil a las empresas solucionar sus problemas ante la Justicia cuando deban acordar con sus acreedores en procesos de quiebra o concurso, y por juicio aparte con sus empleados en el temido fuero del Trabajo. La ley que se sancionó anoche en el Senado obligará también a garantizar el pago de sueldos en medio de concursos. Se suma así a las complicaciones legales que sufren las empresas y que seguirán con el paquete de leyes laborales que avanza en Diputados.
El Senado convirtió en ley ayer el proyecto que modifica la Ley de Concursos y Quiebras por el que los juicios laborales en los procesos de quiebra de una empresa volverán a tramitarse ante la Justicia del Trabajo y no en el fuero de la causa principal como sucedió hasta ahora. La nueva ley se basa en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que fue modificado en Diputados y sobre el que los senadores insistieron en su sanción original. Por eso ayer fue aprobado por unanimidad por los 52 legisladores presentes, superando los dos tercios para imponer la primer sanción.
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Así, el Senado dio marcha atrás con lo votado en Diputados e insistió con su propio proyecto menos restrictivo en cuanto a garantías a los trabajadores.
La nueva norma reforma la Ley 24.522 de quiebras y concursos para habilitar la competencia de la Justicia laboral en algunos casos que en la actualidad son competencia de la Justicia civil y comercial.
Para justificar el pase de los juicios laborales en una quiebra a la Justicia del Trabajo, el santacruceño Nicolás Fernández explicó ayer en el recinto que una auditoría de la Corte Suprema de diciembre de 2004 estableció que en el fuero comercial hay radicadas 431 mil causas para 26 juzgados; mientras que en el laboral son 25 mil los expedientes para 80 jueces: «Esta desproporción implica una verdadera negación de justicia para miles de litigantes, pero fundamentalmente para miles de trabajadores que pierden contacto con su reclamo», dijo.
Además de habilitar este viejoreclamo de los abogados laboralistas y el sindicalismo -que por otra parte apoya la Cámara Civil y Comercial por estar saturada de causas-, la ley instrumenta el «pronto pago» y fija un porcentaje mínimo para afrontar los créditos laborales, evitando en parte que sea el trabajador quien financie a la empresa concursada.
Los trabajadores con causas contra empresas en proceso de quiebra, entonces, no tendrán que esperar la decisión de la Justicia civil y comercial para cobrar sus créditos, sino que deberán litigar en la Justicia laboral.
El juez podrá, además, ordenar de oficio el pago de los créditos laborales que se encuentren en condiciones de ser abonados, al darle una vista obligatoria al síndico en la sentencia de apertura del concurso.
El síndico en diez días deberáhacer un estudio de esos créditos laborales que han sido denunciados y, si cumplen con el requisito de «pronto pago», se va a ordenar la cancelación de esas deudas.
El síndico deberá realizar, también, un control e informe mensual que incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos disponibles, a los efectos de abonar la totalidadde los «prontos pagos» o modificar el plan presentado.
En el caso de la apertura de un concurso, la empresa deberá pagar con normalidad a sus proveedores, a sus trabajadores, hacer frente a sus obligaciones fiscales, y deberá destinar 1% de su ingreso bruto para hacer efectivo los créditos laborales atendiendo la naturaleza alimentaria de esos procesos, cuando no hay posibilidad de pagar todo junto.
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