El gobierno sigue priorizando su alianza con los gremios por encima de la seguridad jurídica requerida para crear necesarios puestos de trabajo. Un conjunto de iniciativas y sentencias judiciales surgidas en el último tiempo complica a las empresas. Parece ahora que no fue suficiente con el fallo de la Justicia que da poder al empleado de una empresa que presta servicios tercerizados para elegir a quién puede demandar. Tampoco con el proyecto que modifica la ley de ART que abre nuevamente la puerta a la industria del juicio en los casos de accidentes de trabajo y afecta más los costos. En una semana seguramente se convertirá en ley otra iniciativa preocupante: las deudas laborales de una quiebra o concurso saldrán del Fuero Comercial para ser negociadas ante la Justicia del Trabajo. Fue siempre un reclamo esgrimido por los sindicatos que ahora convalida un proyecto del gobierno. Llegará a votarse de la mano del titular de la CGT, el camionero Hugo Moyano: Kirchner le entregó la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que desde ahora ocupará su abogado, Héctor Recalde. El cambio parece insignificante pero no lo es: perjudicará seriamente la solución de los concursos a empresas al obligar a pagar los juicios laborales inmediatamente y fijar un cupo mensual para hacer frente a todos los costos relacionados. Las principales afectadas, una vez más, las pequeñas y medianas empresas.
El proyecto está fundamentado, además, en un pedido del fuero Comercial para descomprimir la cantidad de causas que allí se tramitan pero, en realidad, responde al mismo tiempo a un viejo reclamo sindical.
Dejá tu comentario