Si bien el gobierno argentino mejoró su propuesta a los acreedores el pasado 1 de junio, hasta ahora ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni los gobiernos de los países donde reside la mayoría de los tenedores de bonos extranjeros se han manifestado sobre ella.
El gobierno de Kirchner sigue proponiendo pagar 25% del valor total, siempre y cuando al menos 70% de los tenedores de bonos acepte el trato.
Por su parte, el FMI tendrá que decidir si la Argentina negocia «de buena fe», como exige su acuerdo crediticio por valor de unos u$s 13.300 millones por tres años, y negociará con las autoridades argentinas el porcentaje del producto interior bruto que será necesario para pagar la deuda.
La opinión de los miembros del G-8 sobre la propuesta argentina será fundamental para la futura política de este organismo.
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