La solicitada en apoyo a la reestructuración de la deuda que publicó el gobierno argentino en medios internacionales la semana pasada, junto con 148 firmas de «notables», podría generar insospechados dolores de cabeza.
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Los bancos que integran el sindicato asesor del Ministerio de Economía para la reestructuración advirtieron que esta en principio inocente iniciativa podría demorar la aprobación de la oferta por parte de las autoridades regulatorias estadounidenses. Esto se debe a que con esa publicación se habrían violado estrictas limitaciones de publicidad y comunicación que rigen para estos casos. El objetivo es evitar que en este proceso se pueda influir en la decisión de los acreedores o se brinde información privilegiada. La solicitada, que apareció en el periódico «The New York Times» -entre otros medios internacionales- fue auspiciada por el jefe de asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, con lo cual claramente se trató de una estrategia de «marketing» oficial. Entre los famosos que suscribieron el texto «Argentina: un país responsable, una propuesta responsable» figuraron el cantante Bono, la actriz Emma Thompson, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el ex campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov, el ex premier soviético Mijail Gorbachov y el actor Vigo Mortensen.
Entre otras cuestiones, la solicitada indicó que «la sincera y realista propuesta de la Argentina a sus acreedores debería ser entendida en este contexto, tomando en cuenta la perspectiva histórica de un país en desarrollo y la realidad social de sus habitantes».
El problema es que la presentación del formulario conocido como «18k» ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos para lanzar la oferta en ese mercado impone «severas restricciones de orden legal en relación con las comunicaciones públicas en general y en particular con los acreedores». Así lo aclaró el Ministerio de Economía a través de un comunicado el mismo día en que efectuó la presentación.
Ante estas limitaciones, las entidades que integran el sindicato (Merrill Lynch, UBS y Barclays) aconsejaron no publicar la solicitada para no generar inconvenientes en el trámite de aprobación que está en marcha ante la SEC.
Más allá de este posible contratiempo, en el Ministerio de Economía estiman que el visto bueno de las autoridades regulatorias llegarán antes de fin de agosto. Una vez cumplido con el trámite, se pedirán los respectivos permisos en las bolsas europeas y en Japón para luego iniciar el road show de presentación ante los bonistas. Los bancos de inversión, por su parte, mantienen también sigilosas reuniones con grandes fondos de inversión de los Estados Unidos para acercar posiciones respecto de la futura oferta. Sin embargo, también tienen limitaciones para dar información y en ningún caso pueden mantener encuentros de carácter «oficial», es decir representando al Ministerio de Economía.
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