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La semana pasada, un plenario de comisiones terminó de firmar el dictamen de reforma a la Ley 25.246. Una vez convertida en ley -en el Senado ya se analizó el tema en forma paralela-, la Argentina podría zafar de ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Ninguno de los diputados presentes cuestionó la necesidad de transparencia en materia de información financiera, pero hubo matices más que interesantes. Si bien es cierto que la intervención repentina de Alberto Abad, negándose a mantener dentro de la ley el levantamiento del secreto fiscal, calmó algunos ánimos, existen todaví atemas en disputa, aunqueel dictamen haya sido firmado y esté corriendo el plazo legal para habilitar el tratamiento en el recinto.
Cualquier país del mundo desarrollado incluye hoy la posibilidad de obtener información sobre operaciones financieras sospechadas de ocultar lavado de dinero por parte de la autoridad competente en el tema. Y aquí viene el primer problema en la Argentina. Cuando en 1998 se votó la primera legislación local sobre lavado de dinero, una de las principales disputas -donde, además, los bancos pusieron especial atención- fue la creación de la UIF (Unidad de Información Financiera) y su ubicación dentro de la administración pública. El sector financiero presionó, entonces, para que el organismo dependiera directamente del Banco Central, pero finalmente quedó en la órbita del Ministerio de Justicia.
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