El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó una demanda ante la Justicia para que ésta obligue al Poder Ejecutivo a constituir el fondo fiduciario que permita financiar el llamado servicio universal para las comunicaciones.
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El mecanismo, contemplado ya en el Decreto 764 de 2000, prevé que toda la población tenga acceso a los servicios telefónicos esenciales, incluyendo las zonas más pobres y alejadas del país y a las personas discapacitadas.
El fondo fiduciario debió constituirse antes del 1 de enero de 2001 con 1% de los ingresos totales devengados por la prestación del servicio de las empresas de telefonía celular, las prestadoras nuevas de telefonía fija, las históricas cuando correspondiera (porque ya cubren en parte áreas de escasa o nula rentabilidad), y las proveedoras de Internet.
Pero el Ejecutivo no reglamentó la constitución del fondo, y las empresas, como las de telefonía celular, que trasladaron el impacto a los usuarios, fueron obligadas por la Justicia a reintegrar el dinero en marzo pasado.
Los programas de servicio universal que debieron habersedesarrollado incluyen: telefonía pública de larga distancia en áreas sin servicio telefónico local, telefonía pública social en zonas de bajos recursos, terminales especiales para usuarios con limitaciones físicas y descuentos para jubilados, pensionados y clientes deficitarios.
La acción judicial también incluye a los servicios de Internet, porque el uso de los prefijos 0610, 0611 y 0612, que permiten un costo accesible, sólo llegan a 1.608 localidades, y quedan 1.792 fuera del beneficio.
