Denuncian en la Justicia caída de contrato de gas

La empresa Papelera Tucumán presentó una denuncia penal contra el Enargas agencia Tucumán, la Secretaría de Energía y el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, por incumplimiento de un contrato de gas firmado en 2004.

Los delitos que denuncia son «estafa, defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y violación de los deberes de funcionario público».

Papelera Tucumán -propiedad de Alberto Pierri- indicó en la presentación judicial que en 2004 se hizo cargo junto con otras industrias de costear la construcción de un gasoducto, «algo a lo que no estaba obligada», según sostuvo.

A cambio, Repsol YPF y Papelera Tucumán firmaron un contrato de compraventa de gas por 240.000 metros cúbicos diarios, provenientes de la cuenca noroeste y de Bolivia.

Pero en octubre de este año, la petrolera invocó el convenio firmado entre la Argentina y Bolivia en lo que se refiere a que la importación de gas quedará en adelante a cargo de ENARSA, la empresa estatal de energía.

Según otra de las notas de YPF, el contrato firmado en diciembre de 2004 con Papelera Tucumán fue reemplazado por otro entre YPF y ENARSA. Agregó que YPF Bolivia informó a ENARSA sobre una situación de fuerza mayor que obligó a la suspensión del suministro entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Según la denunciante, «la eximente de fuerza mayor esgrimida por YPF es manifiestamente dolosa por cuanto el gas natural que se importa de Bolivia es una cantidad insignificante frente al total del consumo nacional».

Añadió que, según los datos publicados por el Enargas, de enero a noviembre de 2006 el total del gas importado desde Bolivia fue de 1.596.954 millones de metros cúbicos, mientras desde enero hasta agosto, el total consumido en el país fue de 24.420.024 millones de metros cúbicos.

Según Papelera Tucumán, «se desprende con absoluta nitidez que YPF se encuentra en condiciones de continuar con su obligación contractual de proveer 240.000 metros cúbicos diarios de gas».

También señaló que «en la fraudulenta maniobra que se manifiesta al desbaratarse los derechos de Papelera Tucumán» también se ve afectada en su carácter de obligado pagador en la construcción del gasoducto centro-oeste.

La denunciante indicó que cedió a YPF los derechos adquiridos en el concurso de capacidad de transporte en el gasoducto norte por 240.000 metros cúbicos diarios. «Es dable recordar -expresó- que la aludida cesión se tornó obligatoria e imperativa para celebrar el contrato de compraventa de gas natural con YPF.»

La denuncia se fundamenta sobre todo en que el país importa de Bolivia sólo 7% del gas que consume, por lo cual Papelera Tucumán pretende que se le reconozca esa misma proporción de gas importado, y que el resto provenga del mercado local.

La empresa afirmó que incumple YPF lo firmado, « agravando la situación de Papelera Tucumán por el diferencial de plazos (el contrato original era a 12 años) y por el hecho notorio de los precios del gas que la autoridad pública convalidó con otro país al resultar desabastecido el mercado interno por reexportarse gas a otros países».