Un informe elaborado por la Asociación de industriales metalúrgicos (ADIMRA) develó que el factor principal que desalienta la contratación de personal es el pago de doble indemnización frente a despidos. En este sentido, el 76% de las empresas encuestadas considera que la incertidumbre afecta mucho en la decisión de contratar trabajadores a mediano plazo.
La incertidumbre macroeconómica es la segunda causa que limita la contratación de empleo en el mediano plazo, afectando al 65% de las empresas. En la tercera causa se ubica los juicios por despido en un 55% y en último lugar quedan los costos salariales.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno oficializó la prohibición de efectuar despidos sin justa causa o falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Sin embargo, no descartaron extenderlo hasta 2022.
También quedaron prohibidas las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, según el Decreto 413/2021 que fue publicado aquel lunes a través del Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo aclaró en su momento que la medida se dictó en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la Ley N° 27.541 y la emergencia pública en materia ocupacional, declarada mediante el Decreto Nº 34/19.
Asimismo, aclaraba que quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de esa norma. Finalmente, los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto, "no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales", según el texto oficial.