Dupla que quita el sueño

El que suponga que el problema de gas es independiente del problema de electricidad, y ambos no tienen nada que ver con el agua y el resto de la economía, cae en un corolario de la ley de Murphy: quien conserva la calma en una crisis es porque no se enteró de nada. La ley de Murphy y sus corolarios son una compilación de situaciones extraídas de la física y de la experiencia diaria, que todavía no pudieron ser modificadas por decreto alguno. Uno de sus corolarios infalibles es que cuando una taza se cae de una bandeja, el daño ocasionado por evitar la caída es mucho más caro que la taza, ya que pueden terminar los platos y las copas en el piso.

Como sostiene otro de los corolarios de la ley, la causa principal de los problemas son las soluciones anteriores. En una típica actitud no carente de petulancia, el secretario de Comercio, Moreno, irrumpió el viernes pasado en MetroGas, aduciendo que por la impericia de la empresa al cortar el gas a usuarios con contratos en demanda firme, el gobierno debía intervenir en la compañía para garantizar un suministro adecuado. MetroGas aceptó licenciar a su gerente general, Roberto Brandt, un funcionario de Gas del Estado con 30 años en la actividad que quería cortar el gas de acuerdo con un protocolo, y Moreno instaló un «experto» de Repsol que dice que no va a cortar el gas. Un experto, según la ley de Murphy, es aquel que sabe cada vez más sobre menos cosas, hasta que sabe absolutamente todo sobre nada.

La capacidad de generación y de transporte obedece las leyes económicas y las de la física tradicional. Hace años, Adam Smith lo planteó como el teorema de la mano invisible, que parecía guiar a todos los integrantes del sistema al bien común. Debreu y Mac Kenzie lo desarrollaron en función del sistema de precios, en el cual un ser humano, «persona racional y egoísta», actúa de acuerdo con una estructura de preferencias para maximizar su satisfacción hasta el «Optimo de Pareto», donde es imposible mejorar la situación de un agente económico sin empeorar la de otro. Años más tarde, el «Teorema de Coase» señaló que, con un sistema de derechos de propiedad bien definidos y transferibles, los agentes económicos tienen todos los incentivos para emplear los recursos naturales tan eficientemente como sea posible, si los agentes pueden contratar libremente entre sí. Independientemente de la asignación inicial de los derechos de propiedad, se alcanza un óptimo siempre que los derechos de propiedad estén bien definidos, los costes de transacción sean nulos y los pagos a quienes ostenten los derechos no modifiquen la estructura de demanda.

Cuando la Argentina privatizó el sistema energético, la capacidad y los protocolos de corte de servicios fueron dispuestos dentro de normas internacionales, junto con las sanciones y multas por falta de prestación de servicios contratados: de otra manera, los bancos de inversión no hubieran arriesgado miles de millones en inversiones a ser repagadas mediante tarifas. Cuando el derrumbe de 2002 arrasó con las ecuaciones, el gobierno evitó adecuar las tarifas para que no incidieran sobre los índices de inflación, pero desligó a los concesionarios de las inversiones necesarias, que quedaron en manos de los burócratas dedicados a los gasoductos. La inflación llegó de todas formas aunque no por culpa de Moreno: no fue él quien duplicó la base monetaria en dos años para comprar las exportaciones con emisión y no con superávit. El incremento del circulante fue tal, que la ministra Miceli podría argumentar que como el numerario no cabe en el tesoro del Banco Central, hay que usar los baños del Ministerio de Economía. Moreno eligió otro camino: actuar sobre el termómetro (el IPC) y no sobre la fiebre.

El índice de precios es el dato estadístico más importante de la Argentina, ya que de su evolución dependen el valor de la mitad de la deuda pública, las obligaciones contractuales y las tasas de interés, y las remuneraciones suelen regularse en función de las variaciones del IPC. Por ello, en los últimos años, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas promovió una intensa actividad sobre su metodología, mediante la constitución del Grupo Internacional de Trabajo sobre Indices de Precios, conocido como Grupo de Ottawa, para promover una discusión técnica sobre aspectos conceptuales de los índices, al cual la Argentina nunca ha adherido.

Siguiendo la lógica de la teoría económica, los precios y las cantidades no son tratados como variables independientes, sino que las cantidades se suponen función de los precios: la información básica para la elaboración de un índice no son los vectores de precios y cantidades observadas, sino un vector de precios más una relación funcional que conecte las cantidades con los precios en cada una de las situaciones que se comparan, para que su comportamiento sea coherente con el de las variables individuales que lo integran mediante los «test de Fisher». Los protocolos de Ottawa establecen como axiomas básicos para los índices las propiedades de monotricidad, proporcionalidad, dimensionalidad y conmensurabilidad.

Cuestionamiento

Por ello, los funcionarios de carrera del INDEC han señalado (antes de ser removidos por Moreno) «que no podían continuar midiendo la indigencia y la pobreza, porque los cambios introducidos desde enero de 2007 a la fecha ponen en cuestionamiento el uso del IPC actual como insumo para el cálculo de la canasta básica que debería utilizarse para la medición de la pobreza del primer semestre de 2007». Pero Anne Krueger, ex número dos del FMI, dice desde su cátedra de la Universidad John Hopkins, en Baltimore, que el gobierno debe dejar de manipular el índice de inflación y actualizar las tarifas.

¿Por qué? Porque al no ajustar las tarifas, los índices pierden todo valor. Si el consumo de energía no obedece al sistema de precios, nadie se preocupará en ahorrar, y el sistema se encamina hacia el «Dicho de Pugliese»: cuando el gobierno habla con el corazón («gasten menos»), el usuario contesta con el bolsillo («que lo haga otro»). Mientras tanto, las principales generadoras hidráulicas se encaminan hacia la cuota mínima por falta de lluvias, las generadoras a gas no pueden funcionar por falta de presión, no por la capacidad de transporte sino porque la Argentina se dedicó a despilfarrarlo con tarifas subsidiadas, y en los próximos días no tendrá más remedio que asumir el costo de la ficción y comenzar con los cortes programados que el gobierno niega, ya sea en la versión del protocolo original o en la nueva «versión Cameron».

La irresponsabilidad de Moreno deriva de su mínimo conocimiento, y al pretender introducir el patoterismo en la física podría llevar a un colapso total del sistema, con un daño tal que perdure semanas en lugar de horas. En ese caso podría haber luz, gas y agua potable para pocos (porque hace falta energía para bombear y potabilizar el agua), las industrias deberán parar más y el gobierno buscará alguien a quien echarle la culpa. Tal vez Moreno pueda imponer su ley de abastecimiento y ordenar la captura de Boyle y Mariotte, Watt y Fisher, pero no conseguirá modificar el conocimiento universalmente aceptado para resolver estos problemas, como Idi Amin no pudo modificar el concepto académico de la «dieta óptima» con su menú de caníbal.