Luego de la suba del salario mínimo, las organizaciones sociales aguardan por otra de las promesas del Gobierno para la economía popular: el lanzamiento de crédito no bancario que pueda llegar a casi 3 millones de trabajadores informales. Mientras tanto, las organizaciones tejen vínculos con cámaras empresarias. Preparan un plan con CAME y Coninagro para generar 1 millón de puestos de trabajo y participarán del Coloquio de IDEA para “tender puentes” con el “capital privado”.
El Gobierno le prometió a las organizaciones sociales, una parte importante de la coalición, dos medidas inminentes. La primera fue la suba del salario mínimo, que cerró este martes en $33 mil, un aumento anual del 52,7%, que impacta en programas como el Potenciar Trabajo que cobran más de 1 millón de personas.
La segunda es el anuncio de créditos no bancarios para financiar a la economía popular. “Apoyamos el incentivo al consumo a través de inyectar plata, pero pedimos más inversión en créditos, para modificar la estructura productiva, generar trabajo y finalmente llegar al mismo objetivo de mayor demanda”, manifestó uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en diálogo con Ámbito.
El programa de créditos no bancarios ya se encuentra listo desde julio. Fue elaborado por el Instituto Nacional de Asociativismo (Inaes), a cargo de Alexandre Roig, y depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Consistirá en un fideicomiso gestionado por el Inaes, con fondeo público y privado, y una inversión estatal inicial de al menos $10 mil millones.
El circuito será otorgar préstamos a bajas tasas a cooperativas, mutuales, pymes y emprendimientos, con “seguimiento y supervisión de los proyectos”. Si las unidades productivas cumplen con los objetivos, Inaes realizará un subsidio complementario al aporte de capital. La idea detrás es que se puedan detectar bienes intermedios que hoy se importan, mejorar la oferta de alimentos y por ende los precios, y que el dinero quede en las comunidades, para reducir los “flujos que luego se dolarizan”.
“Al mundo lo mueven los sueños, pero a esos sueños les faltan financistas”, escribió la dirigente social Mayra Arena, en una columna de opinión. Desde mayo, cuando se anunció la ampliación de la Tarjeta Alimentar, con un gasto anual de $250 mil millones, las organizaciones empezaron a pedir que en algún momento la inversión en ayuda social empiece a migrar a créditos para dar trabajo. “En ese momento se nos empezaron a acercar las cámaras empresarias”, contaron desde la UTEP.
De hecho, en las últimas semanas las organizaciones mantuvieron un almuerzo con ejecutivos de la gremial empresaria IDEA. Con el nexo del cura Rodrigo Zarazaga, dirigentes de Barrios de Pie y el Movimiento Evita almorzaron con Roberto Murchison (presidente IDEA) y Daniel Herrero (Toyota). “Buscamos articular puentes y derribar prejuicios, en otras palabras nos dijeron que no sabían que lo que pedíamos era trabajo y pensaban que éramos los reyes de los planes”, contó uno de los referentes sociales participantes. Actualmente, desde la UTEP trabajan con Sergio Kaufman (presidente de Accenture) en capacitaciones tecnológicas a trabajadores de la economía popular. Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, disertará en uno de los paneles del coloquio de IDEA, que se realizará el 13, 14 y 15 de octubre, en el Centro Costa Salguero, con foco en el empleo privado formal, anunciaron este lunes.
Pero, además, el movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) preparan la presentación de un plan con CAME, Coninagro y el Movimiento Nacional Pyme para generar un millón de puestos de trabajo formales en un año. Consideran que muchos de los programas que lanza el Gobierno “no tienen escala”, y para eso plantean que se necesita fortalecer el empleo privado en pymes, con moratorias, incentivos tributarios y además, darle escala y competitividad a proyectos de la economía popular.
Florencia Barragan
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