El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
"Los deudores necesitamos una ley que establezca la mediación obligatoria en el ámbito judicial y una reestructuración de las deudas, que incluya un año de gracia, una quita, bajas en las tasas de interés y cuotas que estén relacionadas con la capacidad de producción", afirmó el titular de la entidad, Rubén Manusovich.
El dirigente reconoció que la prórroga por 90 días de los remates judiciales aprobada ayer por la Cámara de Diputados "ayuda" a la situación de los deudores "aunque no resuelve el problema de fondo".
"Los deudores queremos poder pagar", aseguró Manusovih, para agregar que ahora esperan "que el Poder Ejecutivo esté al lado de quienes pueden perder sus viviendas y fuentes de trabajo, y no escuche al Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige el veto de la norma sancionada".
La prórroga de los remates fue votada anoche por la Cámara baja, ratificando la aprobación que ya le había dado el Senado con anterioridad, y ahora el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para definir si promulga o veta la norma, que abarca tanto a las ejecuciones hipotecarias bancarias como las extrabancarias.
La primera suspensión de los remates tuvo vigencia entre enero y noviembre del año pasado, cuando fue desactivada por el Parlamento ante la presión del FMI, que reclamó la plena vigencia de las normas antes de llegar a un acuerdo financiero con Argentina.
De todos modos, la suspensión se extendió hasta el primero de febrero por un compromiso asumido por las entidades bancarias, mientras que se reactivaron los remates para las deudas pactadas en escribanías o inmobiliarias.
En ese momento, el gobierno puso en marcha un mecanismo de mediación optativa, bajo la tutela de los ministerio de Trabajo, para las causas de particulares, y de Producción, para las firmas pymes, que hasta el momento no alcanzó gran nivel de adhesión.
Dejá tu comentario