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Los documentos fueron suscriptos por el presidente del BID, Enrique Iglesias, y el director ejecutivo de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Guillermo Zoccali.
El financiamiento de 250 millones de dólares formaba parte originalmente de un préstamo de rápido desembolso de 500 millones de dólares, aprobado en 2001, para apoyar la reforma del sector financiero argentino en las áreas de pensiones, seguros y mercados de capital.
La oficina de prensa del Ministerio de Economía precisó que «el desembolso se efectúa en reconocimiento de los progresos logrados por las autoridades argentinas en varias áreas cubiertas por el programa».
En particular, se destacan el fortalecimiento de la reglamentación y la supervisión del sector seguros, adoptándose un enfoque basado en riesgos, la cancelación e importantes deudas que el Instituto Nacional de Reaseguros tenía con el sector privado, y la reglamentación del decreto de transparencia que fija nuevos estándares de «corporate governance» para las empresas en régimen de oferta pública.
Debido a la crisis de fines de 2001 parte del programa no pudo llevarse adelante y sólo se desembolsó la mitad de los recursos. La reformulación del programa tiene por objeto proveer mayor estabilidad al sistema de pensiones e implementar una supervisión más rigurosa, fortalecer la transparencia y la competencia en la industria de seguros de pensiones, reducir costos y mejorar la competencia y eficiencia de las AFJP.
Según se indicó, un último tramo de 125 millones de dólares está asociado al cumplimiento de estos objetivos.
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