El Banco Central no dejó pasar un solo día tras el anuncio del gobierno de mayor flexibilidad para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Ayer se reunió el directorio de la institución y aprobó la normativa correspondiente, que regirá -según se dispuso- a partir del 1 de setiembre.
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La Comunicación «A» 4.559 que se conoció ayer a última hora consta de dos capítulos centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de habilitar a los bancos para que financien 100% del valor del inmueble, siempre que el destino sea la compra de vivienda única y familiar. El otro está relacionado con nuevos parámetros que podrán tomar en cuenta las instituciones para evaluar la capacidad de pago de quienes solicitan un préstamo, más allá del recibo de sueldo.
Ahora resta que la AFIP dé a conocer de qué forma devolverá de manera acelerada el IVA a quienes construyan departamentos con destino de alquiler o para ser vendidos con crédito. El esquema regirápara inmuebles de hasta 120 metros cuadrados, según se anunció el martes.
Al mismo tiempo, en la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno, estudian de qué manera impulsar mayor crédito en las zonas en donde la actividad inmobiliaria tiene menor desarrollo, como sucede en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Ocurre que en las zonas donde el metro cuadrado es más barato, el precio del alquiler es más elevado en relación con el valor del inmueble, superando en muchos casos el 1% mensual. Es en estos segmentos donde más convendría sacar un préstamo para comprar la vivienda en vez de seguir pagando un alquiler.
En cambio, en la zona norte, el valor del metro cuadrado creció de manera desproporcionada en relación con los salarios, por lo que se hace mucho más difícil para el público acceder a un préstamo y poder pagar la cuota mensual.
En cuanto a la normativa del Central aprobada ayer, básicamente se dispuso reducir a 50% la integración de capitales mínimos cuando se otorgue un préstamo hipotecario. Esto regirá para 100% del financiamiento para créditos de hasta $ 200.000 y para 90% cuando el monto se ubique entre $ 201.000 y $ 300.000. De esta manera, los bancos no tendrían trabas normativas para prestar por la totalidad del valor del inmueble. Cada institución deberá estudiar si le conviene o no hacerlo.
Además, los bancos ya no tendrán que regirse por el recibo de sueldo para otorgar o no el financiamiento. Ahora podrán tomar en cuenta otros datos del cliente para deducir su nivel de ingreso. Ello significaque podrían darles préstamos hipotecarios a aquellos que tienen parte o todo su ingreso en negro. La medida ya rige para líneas personales de hasta $ 15.000.
Alternativas
Habrá dos alternativas para establecer la capacidad de pago del individuo. La primera es la de «credit scoring», por la cual se tendrá en cuenta el alquiler pagado mensualmente, las facturas de luz, gas y el resumen de la tarjeta de crédito, entre los más importantes. La otra se denomina «screening» y le permite básicamente a la entidad financiera desarrollar su propia política de medición de riesgo «de acuerdo con la experiencia acumulada» en vez de guiarse por parámetros rígidos.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió ayer a defender este tipo de pasos porque se beneficia a los trabajadores en negro que « demuestren que han sido inquilinos cumplidores», afirmando que esta medida «es una forma de blanqueo».
Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito, señaló que «esta decisión política del presidente Néstor Kirchner destraba el problema para que la gente pueda acceder al crédito hipotecario». Y resalta, al mismo tiempo que se busca beneficiar «al 46% de la gente que está en la informalidad, pero que si paga un alquiler significa que tiene consumo y capacidad de pago y lo puede probar».
