El gobierno sigue sin definir fecha para renegociar

Apesar de anuncios, promesas y declaraciones públicas, hasta ahora el gobierno no se puso en contacto con ninguna empresa de servicios públicos con el fin de renegociar sus contratos sobre la base de dos ejes: las actualizaciones que prevén los marcos regulatorios y la pesificación de las tarifas.

Todas las empresas del sector consultadas por este diario coincidieron en la misma respuesta: «No tenemos información de cuándo se iniciarán esas negociaciones; no hay indicios de que vayan a iniciarse en alguna fecha cercana; no hemos mantenido contactos ni formales ni informales con funcionario alguno del gobierno».

En algunas empresas, ya comienza a sospecharse que el gobierno no tiene a quién poner al frente de Infraestructura, luego de que se cayera la candidatura de Hugo Toledo, que ocupó funciones similares en la provincia de Buenos Aires. Otros ejecutivos del sector, en cambio, tienden a pensar que la falta de nombramientos en áreas tan sensibles responde a una actitud casi de desprecio por las privatizadas.

Lo cierto es que la negociación requerirá al menos conocimiento de los marcos regulatorios que rige a cada área de servicios, un «know how» que no parece abundar en el equipo de gobierno.

• Interrogante

La semana pasada, Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, había afirmado que la fecha para el inicio de la que se supone será una durísima negociación sería el 8 de febrero. «Nos gustaría saber si esa fecha es cierta: hasta ahora, nadie nos informó nada. Pero nos parece difícil que se llegue sin tener ministro o secretario de Comunicaciones», dijo a este diario un alto ejecutivo de una empresa telefónica.

El titular de otra empresa del mismo sector, Carlos Fernández Prida (Telefónica), que preside también la ADESPA (Asociación de Empresas de Servicio de la Argentina), tampoco fue contactado por funcionarios públicos.

Uno de los pocos sectores que logró sentarse a conversar «con alguien» fue el de las empresa de transporte ferroviario. Hace un par de semanas, y de la mano del empresario Mario Montoto (Metropolitano), las cuatro empresas que prestan ese servicio en Capital y en Gran Buenos Aires ( TBA, Metrovías, Metropolitano, Ferrovías) le llevaron una voluminosa carpeta a Aníbal Fernández (secretario general de la Presidencia) y a José Pampuro (coordinador del área presidencial) «como para empezar a hablar», dijo a este diario uno de los concurrentes al encuentro. «Nunca más tuvimos noticias, y estamos perplejos por la falta de interlocutores.»

Según una versión, el denominado Instituto Argentino de los Servicios Públicos -una entidad en la que trataron de refugiarse todos los justicialistas nombrados por Carlos Menem al frente de los entes reguladores al llegar la Alianza al gobierno- estaría autopostulándose como el «think tank» del sector. Allí se los encuentra a Juan Legisa (del ENRE, electricidad), Luis Sbertoli (ex subsecretario de Energía Eléctrica de Menem) y Eduardo Zeballos (ETTOS, agua) como las figuras más salientes, pero también los acompaña un grupo de ex diputados peronistas bonaerenses.

Ese instituto tuvo una reunión «preparatoria» hace un par de semanas con Capitanich, en la que le llevaron un «paper» -que no excedería las cuatro páginas- con sus conclusiones de cómo debía renegociarse con las privatizadas. La versión indica que ese trabajo les habría sido encargado por el propio Capitanich, ante la inminencia (e inevitabilidad) del inicio de las conversaciones con las privatizadas, y el hecho de que nadie en el gobierno estaba en condiciones de hacerlo por falta de conocimiento de cuestiones técnicas.

Mientras el gobierno encuentra quien hable por él ante las poderosas empresas de gas, petróleo, transporte ferroviario, peajes y telecomunicaciones, lo inevitable se aproxima: el momento en que deberán admitir ante la población que las tarifas subirán, a pesar de sus promesas en sentido contrario. De hecho, ya se han producido «correcciones» (todavía mínimas) en algunas facturas de servicios y en ciertas rutas y accesos, pero de no renegociarse los marcos regulatorios seguirían en vigencia las actualizaciones (por inflación en Estados Unidos, por caso) que tienen todas.