Los mecanismos de fijación de precios que rigen en nuestro país continúan siendo un conflicto para el crecimiento económico estable.
Las consecuencias de la economía nacional son más visibles que sus causas.
Aunque con diferencias de énfasis, los argentinos no tenemos grandes diferencias a la hora de enumerar nuestros males económicos: la elevada inflación, la inestabilidad de la tasa de cambio, la insuficiencia de divisas, la falta y costo del crédito, bajo consumo, desempleo, cierre de empresas, pobreza y así se podría seguir.
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Donde sí hay diferencias importantes es en la explicación de las causas de nuestros males: para el neoliberalismo se trata del déficit fiscal (el Estado gasta más de lo que ingresa); para el peronismo y otras fuerzas progresistas se trata de una insuficiencia en el balance de divisas y por ende de las reservas internacionales (generación del stop and go por aumento de la demanda de divisas cuando crece la industria y su crisis cuando la industria crece más allá de la disponibilidad de divisas necesarias para importar los insumos que necesita).
Para mantener un nivel de crecimiento económico estable todo indica que resulta necesario cumplir ambos requisitos: mantener el superávit fiscal y mantener un balance de divisas que permita el desarrollo productivo y acumular las reservas necesarias para resistir épocas de vacas flacas.
La causa principalísima, tanto del déficit fiscal como de la restricción en el balance de divisas tienen un origen común, que no está suficientemente reconocido por lo cual no es atacado como sería necesario: los mecanismos de fijación de precios que rigen en nuestro país.
La publicación del índice Big Mac brinda la oportunidad de comparar los precios en el mundo de un mismo producto, de igual calidad y condiciones de comercialización. El último informe, publicado por The Economist a fines de enero de este año, entre otras localizaciones, muestra que un Big Mac en Argentina cuesta US$ 9,37, mientras que EEUU cuesta US$ 5,79, un 62% del precio argentino.
Considerando los principales componentes del costo del Big Mac vemos que el precio del kilo vivo de hacienda en Argentina es un 60% del costo en EEUU, nuestro salario promedio es 37% del americano y que los alquileres de locales de buena localización son primera son el 6% de los vigentes en EEUU. Considerando también que el margen de beneficios promedio en EEUU, antes de impuestos es del orden del 25% de los costos productivos, es posible estimar un margen de ganancia en Argentina igual a cinco veces los costos productivos. Esos márgenes no estarían afectados por las presiones impositivas del 25,2% en EEUU y de 27,9% en Argentina, toda vez que los niveles de elusión y evasión impositiva en nuestro país son muy superiores a los norteamericanos.
Afortunadamente y con pocas excepciones este esquema no se replica en el precio de los alimentos en supermercados, en los cuales Argentina presenta valores inferiores a los de EEUU. Entre las excepciones se encuentra el pan lacteado y la leche larga vida cuyos precios son 75% y 33% más elevados que en EEUU, respectivamente.
Cabe señalar que esos menores precios en Argentina resultan absolutamente insuficientes para compensar las diferencias existentes en el poder de compra entre ambos países. Lamentablemente si existen diferencias pronunciadas en el caso de la energía y de los insumos difundidos, como se expresan en los precios vigentes en Argentina contra los de EEUU y las relaciones de precios Argentina y EEUU en este mes.
En síntesis los precios de la energía en Argentina son entre 11% y 27,4% más elevados que en EEUU. A su vez los precios de los principales insumos difundidos en Argentina son entre 7,1% y 62,4% más elevados que en EEUU, con la única excepción del aluminio en forma primaria que, por contar con energía eléctrica gratuita, resulta 5,4% más barato en nuestro país.
Los precios de la energía tienen impacto profundo al propagarse a lo largo de todas las cadenas productivas, a los costos del transporte y de la comercialización; la misma situación se verifica con los mayores precios de los insumos difundidos en Argentina con similar resultado: la pérdida de competitividad de nuestra industria manufacturera respecto a los productos importados.
Ante todo es necesario recordar que en los países desarrollados la formación de precios es un proceso que involucra varios factores y actores en el mercado, incluyendo los costos de producción (materias primas, mano de obra, gastos generales e inversiones), de distribución y de comercialización, a lo que se suma en cada etapa un margen de beneficios; asimismo influyen el nivel de oferta y demanda, el grado de competencia, el nivel de impuestos y regulaciones, entre otros.
En nuestro país los precios de la energía, pese a existir varios productores, son definidos por el Estado. Por su parte los precios de los insumos difundidos son definidos por empresas monopólicas o fuertemente oligopólicas.
Además de la fijación de los precios de la energía y de los demás servicios básicos por el Estado sin tomar en consideración su costo y los márgenes de beneficio razonables para sus prestatarios, así como el establecimiento de los precios de los insumos difundidos por monopolios u oligopolios, existen otro motivos por los cuales los márgenes de beneficio alcancen valores inusitados, entre ellos:
Estas y otras razones que sería necesario analizar explicarían la hipótesis de que los precios en Argentina se fijan mediante su equivalencia con los precios internacionales y en respuesta a las expectativas de inflación futura, lo que explica que en la gran mayoría de los casos los precios domésticos resultan superiores a los internacionales, así como la existencia en muchos casos de una inflación en dólares.
El mantenimiento de esta situación también explicaría la única propuesta de la gran mayoría de las grandes empresas de bajar los salarios por vía del proyecto de “actualización laboral”, a costa de reducir aún más el paupérrimo nivel actual del consumo interno y de presionar sobe el superávit fiscal.
Ante el fracaso manifiesto de las políticas económicas y sociales del actual gobierno, todo indica que las soluciones quedarían a cargo del próximo gobierno, comenzando por la aplicación irrestricta de las leyes de defensa del consumidor y de la competencia.
Adicionalmente parece imprescindible el diseño y aplicación de medidas adicionales, que incluyan:
Estas u otras soluciones deberán reconocer que la solución final del tema que nos ocupa es de carácter eminentemente político, aunque deberán contener mecanismos económicos que faciliten su implementación y la resolución efectiva de este problema
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